Por 🧙🏻♀️ Advierten a alcaldes por desatender revisión de leyes de ingresos.
🧙🏻♀️ ¿Y el Oficial Mayor?
🧙🏻♀️ ¿Pues no que el PRI no representa nada?
🧙🏻♀️ Advierten a alcaldes por desatender revisión de leyes de ingresos.
Ignorar el llamado del Congreso local representa un “grave error” y una descortesía política; piden a presidentes municipales dejar de “futurear” y concentrarse en las finanzas de sus ayuntamientos.
Presidentas y presidentes municipales que resten importancia a la elaboración y revisión de sus leyes de ingresos, presupuestos de egresos y disposiciones fiscales podrían cometer un grave error en la administración de los recursos públicos.
Habrá vigilancia a los alcaldes que consideran estos temas como un “trámite menor”, al señalar que algunos parecen pensar que la elaboración de la ley de ingresos, la de egresos y la miscelánea fiscal es “como contar chiles y cebollas”.
La asignación y el ejercicio correcto de los recursos públicos son fundamentales para el desarrollo de los municipios, por lo que desestimar los llamados que realiza el Congreso local para atender estos asuntos representaría, además, una “descortesía política”.
Algunos presidentes municipales pudieran estar más concentrados en una eventual reelección o en buscar nuevos cargos públicos que en atender las responsabilidades financieras de sus administraciones.
Primero deben sacar buenas cuentas antes de estar futureando, las autoridades municipales deben dar prioridad a la planeación, aprobación y correcto ejercicio de sus recursos antes de pensar en nuevos proyectos políticos.
Vaya, el Congreso ha dado prioridad a la cortesía pero también a la obligación política.
🧙🏻♀️ ¿Y el Oficial Mayor?
Las comparecencias sirven, en teoría, para que los funcionarios expliquen qué hicieron, cómo lo hicieron y, sobre todo, qué hicieron con el dinero público. Por eso resulta difícil pasar por alto que Edgar Orlando Ángeles Pérez, oficial mayor del Gobierno de Hidalgo, haya quedado fuera del calendario aprobado por el Congreso para la glosa del informe.
La omisión está documentada: las comparecencias comenzarán el 12 de octubre y el funcionario no aparece entre los convocados.
La ausencia no sería particularmente llamativa si ña Oficialía Mayor fuera una oficina dedicada a mover escritorios y administrar papelería.
Pero no lo es. Se trata de una dependencia que interviene en adquisiciones, licitaciones y contratación de bienes y servicios del gobierno estatal; es decir, en uno de los terrenos donde la rendición de cuentas debería ser especialmente cuidadosa.
Más ruido genera la respuesta del gobernador Julio Menchaca.
Cuestionado sobre si Ángeles Pérez comparecerá, el mandatario señaló que el asunto lo revisan la Secretaría de Gobierno y el Congreso; después dejó la puerta apenas entreabierta con una frase que dice mucho y garantiza poco: “si se dan las condiciones”.
Comparecer ante el Congreso no tendría que depender de que aparezcan condiciones favorables, cómodas o convenientes. Cuando una oficina participa en el gasto, las compras y las contrataciones públicas, explicar su actuación debería entenderse como parte ordinaria de la rendición de cuentas. Dejar al Oficial Mayor fuera del ejercicio alimenta inevitablemente preguntas sobre cuáles fueron los criterios para seleccionar a quienes sí acudirán.
Ángeles Pérez puede comparecer, responder preguntas y explicar las decisiones de su área. Eso despejaría buena parte de las dudas.
🧙🏻♀️ ¿Pues no que el PRI no representa nada?
Parafraseando aquella frase tantas veces atribuida a El Quijote —aunque en realidad no aparece en la obra de Cervantes—, en Hidalgo “ladran” porque la batalla política ya comenzó.
El pleito entre Carolina Viggiano y Morena dejó hace rato el terreno de la cortesía: mientras el dirigente estatal morenista, Marco Antonio Rico, exige que la senadora explique la compraventa de un terreno en Zempoala, el PRI cerró filas con su secretaria general y acusó una campaña para desacreditarla.
El asunto que detonó la nueva escaramuza es conocido: Viggiano compró en 2011 un predio por dos millones de pesos y lo vendió en 2018 por 17.9 millones. Ella sostiene que la operación fue legal, fiscalmente transparente y que la diferencia obedeció a la plusvalía; Morena responde que explique públicamente la transacción y niega que hacerlo constituya persecución política. Hasta ahora, la información disponible documenta la operación y los señalamientos políticos, pero no acredita por sí misma una ilegalidad.
Lo interesante es que la disputa ya rebasó un terreno en Zempoala. El presidente del PRI Hidalgo, Marco Antonio Mendoza, calificó de “ataques arteros y cobardes” los cuestionamientos contra Viggiano y aseguró que el partido cerrará filas con ella; del otro lado, Morena ha convertido el caso en munición política contra una de las voces más críticas del gobierno de Julio Menchaca.
Y así, rumbo a 2027, unos hablan de persecución y otros de rendición de cuentas. Quizá lo único verdaderamente claro es que la campaña todavía no empieza oficialmente, pero los contendientes ya se comportan como si estuvieran en ella. En Hidalgo, más que preguntarse quién ladra, convendría observar quién trae documentos, quién responde con ellos y quién solamente hace ruido.
