Registran 6 mil 906 carpetas por sustracción de menores en seis meses. 

Registran 6 mil 906 carpetas por sustracción de menores en seis meses. 

La senadora por Hidalgo, Simey Olvera Bautista, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y establecer sanciones de hasta 10 años de prisión contra madres o padres que sustraigan, retengan u oculten irregularmente a sus hijos menores de edad, sin que exista una resolución judicial que lo autorice.

La legisladora de Morena propuso equiparar con el delito de violencia familiar la sustracción de hijas o hijos del hogar por parte de alguno de sus progenitores, cuando no medie una determinación judicial, con penas de seis meses a cuatro años de prisión.

La iniciativa también contempla sanciones de cuatro a ocho años de cárcel y multas de 100 a 300 días para quienes simulen hechos o presenten pruebas falsas en procedimientos judiciales con el propósito de sustraer a menores de edad de su domicilio habitual o del lugar donde residan con la persona que tenga legalmente su custodia.

Cuando los menores sean trasladados a otra entidad federativa, la propuesta establece penas de cinco a 10 años de prisión, además de multas de 100 a 300 días.

Olvera Bautista señaló que el Código Penal Federal actualmente contempla delitos como la privación ilegal de la libertad y el tráfico de menores, pero consideró necesario incorporar disposiciones específicas para sancionar la sustracción, retención u ocultamiento irregular de niñas, niños y adolescentes por parte de sus propios progenitores.

Como parte de los argumentos de su iniciativa, la senadora citó cifras atribuidas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), según las cuales durante el primer semestre del año se iniciaron seis mil 906 carpetas de investigación por sustracción de menores en el país.

La legisladora advirtió que algunas de estas conductas están acompañadas de declaraciones falsas o simulaciones dentro de procedimientos judiciales, utilizadas por alguno de los padres para separar a sus hijos del otro progenitor sin contar con una resolución de las autoridades familiares.

Sostuvo que estas acciones pueden vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de afectar su seguridad jurídica y estabilidad emocional, particularmente cuando la separación se utiliza como mecanismo de presión o represalia entre los padres.

Asimismo, consideró que los regímenes de convivencia familiar no deben quedar sujetos exclusivamente a la voluntad de los progenitores, por lo que planteó establecer mecanismos penales que permitan prevenir y sancionar estas conductas.

La senadora indicó que la separación o disolución de una relación matrimonial o de pareja no debe convertirse en motivo para sustraer irregularmente a los hijos ni para interferir en los procedimientos judiciales relacionados con su guarda, custodia y convivencia.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República para su análisis y eventual dictaminación.

De aprobarse, las reformas incorporarían sanciones específicas al Código Penal Federal para estas conductas, con el propósito de proteger el interés superior de la infancia y garantizar el respeto a las determinaciones judiciales en materia familiar.

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