Pese a reforma, municipios aún piden pruebas de VIH y sífilis para matrimonio

Pese a reforma, municipios aún piden pruebas de VIH y sífilis para matrimonio

Acusa diputado que ayuntamientos mantienen requisitos médicos eliminados de la ley.

Los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tepehuacán de Guerrero y Atotonilco de Tula aún solicitan como requisito para contraer matrimonio civil un certificado médico de buena salud que incluye pruebas de laboratorio para descartar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y la prueba VDRL para detectar sífilis, a pesar de que dicho requisito fue eliminado de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.

Así lo manifestó el diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Alejandro Alcántara Carbajal, durante la sesión ordinaria de este miércoles en el Congreso del Estado, donde señaló que esta práctica puede considerarse discriminatoria por parte de las autoridades municipales. El señalamiento fue respaldado por la legisladora Karla Perales.

El legislador explicó que en este mes de febrero diversos municipios llevan a cabo el programa de Matrimonios Colectivos, en el marco del Día del Amor y la Amistad, y le sorprendió constatar que dentro de los requisitos difundidos en plataformas digitales y medios oficiales aún se incluye la solicitud de estas pruebas médicas.

Recordó que en la legislatura pasada, las y los entonces diputados Lisette Marcelino Tovar y Luis Ángel Tenorio impulsaron modificaciones a la Ley para la Familia de la entidad para eliminar la exigencia de pruebas específicas como VIH, VDRL y otras enfermedades contagiosas o crónico degenerativas, estableciendo únicamente la presentación de un certificado médico sin detallar estudios obligatorios.

Sin embargo, Alcántara Carbajal indicó que en algunos ayuntamientos, a través de las oficinas del Registro del Estado Familiar, estas pruebas continúan apareciendo como requisito. Por ello, solicitó exhortar a los 84 municipios de Hidalgo a actualizar sus páginas oficiales y plataformas digitales para evitar desinformación entre la población, así como a la Dirección General del Registro del Estado Familiar, afin de que se garantice el cumplimiento de la normatividad vigente.

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