Por Organizaciones Civiles y periodistas documentan solicitudes sin respuesta, información incompleta, enlaces rotos y retrasos en recursos de revisión.
A poco más de un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y tras la extinción del organismo garante en Hidalgo, comenzaron a documentarse dificultades para obtener información de dependencias estatales y ayuntamientos, una situación sobre la que organizaciones civiles y periodistas habían advertido desde que comenzó la reforma al sistema de transparencia.
El cambio inició con la reforma constitucional federal que eliminó al INAI y modificó el esquema mediante el cual se garantizaba el derecho de acceso a la información pública en México.
En marzo de 2025, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 263 organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por la desaparición del INAI y cuestionaron cómo garantizaría el Estado mexicano la independencia del nuevo modelo frente al Poder Ejecutivo.
Las organizaciones señalaron que eliminar un organismo autónomo y especializado podía afectar el sistema de contrapesos construido durante más de dos décadas para garantizar el derecho de acceso a la información.
Posteriormente, tras la aprobación de las leyes secundarias en marzo de 2025, Artículo 19, organizaciones civiles, periodistas y personas defensoras advirtieron de un retroceso en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Entre sus cuestionamientos destacaron que la reforma debilitaba la estructura institucional que garantizaba esos derechos y que había sido aprobada sin un proceso de Parlamento Abierto, pese a las solicitudes formuladas por organizaciones y especialistas.
El nuevo modelo trasladó parte de las atribuciones del desaparecido INAI a Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con lo que el Poder Ejecutivo pasó a participar directamente en la revisión de controversias relacionadas con solicitudes dirigidas a dependencias del propio gobierno.
Desecharon 99.6% de recursos en primeros meses.
En agosto de 2025, una revisión publicada por Verificado documentó que Transparencia para el Pueblo había recibido 2 mil 253 recursos de revisión y reportado 457 como resueltos; 99.6 por ciento de estos últimos aparecía como desechado.
Los recursos de revisión son precisamente el mecanismo utilizado por ciudadanos y periodistas cuando una dependencia no responde una solicitud, niega la información o proporciona datos que consideran incompletos.
Artículo 19 y otras organizaciones señalaron entonces que la situación constituía una señal de retroceso en la garantía del derecho de acceso a la información y cuestionaron que la autoridad encargada de revisar las respuestas gubernamentales estuviera integrada dentro de la estructura del propio Poder Ejecutivo.
Actualmente, “Transparencia para el Pueblo” reporta 11 mil 720 recursos recibidos y 8 mil 900 resueltos, con información actualizada al 30 de junio de 2026, por lo que las cifras iniciales de 2025 corresponden específicamente a los primeros meses de funcionamiento y no deben extrapolarse al comportamiento actual del organismo.
Hidalgo desaparece al ITAIH
El mismo modelo avanzó posteriormente en las entidades federativas.
En Hidalgo, el Congreso local aprobó en diciembre de 2025 la reforma constitucional que dio paso a la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH).
Con ello desapareció el organismo autónomo encargado de revisar las respuestas de los sujetos obligados estatales y municipales y de resolver los recursos promovidos por ciudadanos cuando consideraban vulnerado su derecho de acceso a la información.
Las funciones fueron redistribuidas bajo el nuevo esquema derivado de la reforma constitucional, mientras desde organizaciones civiles persistieron las advertencias sobre el riesgo de que las propias estructuras gubernamentales terminaran participando en la revisión de controversias relacionadas con información pública.
Caso Hidalgo
Durante 2026 comenzaron a documentarse en Hidalgo casos concretos de dificultades para obtener información pública.
El 9 de julio, la periodista Rosa Gabriela Porter, de Quadratín Hidalgo, informó que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo tuvo que ordenar a los ayuntamientos de Huichapan y Progreso de Obregón entregar información solicitada por integrantes de sus propios cabildos.
En Huichapan, el síndico Israel Bautista Suárez recurrió al tribunal por la omisión de la presidencia municipal para responder una solicitud presentada desde el 26 de mayo, mediante la cual requirió documentación y acceso a Tesorería y otras áreas administrativas.
Ocho días después, el 17 de julio, Porter documentó otro caso: la SIPDUS llevaba siete meses sin publicar las obras correspondientes a 2026 en la página creada por el Gobierno de Hidalgo para consultar ubicación, trabajos realizados, montos y empresas contratistas.
La plataforma permanecía con información de 2025, pese a que había sido presentada como un mecanismo de rendición de cuentas sobre la contratación de obra pública.
El viernes 7 de agosto, Quadratín Hidalgo publicó una investigación de Rosa Gabriela Porter titulada “¡Adiós transparencia!: dependencias y alcaldías de Hidalgo se niegan a informar”, en la que documentó directamente problemas para obtener información pública durante 2026.
De acuerdo con lo documentado por Quadratín, se han presentado solicitudes que no son contestadas dentro de los plazos establecidos, respuestas incongruentes, enlaces que no funcionan, documentación incompleta o diferente a la solicitada y casos en los que las dependencias manifiestan no encontrar la información o remiten al ciudadano hacia otras instancias.
El medio también presentó solicitudes para conocer gastos realizados por administraciones públicas y encontró casos en los que no recibió respuesta dentro del plazo correspondiente, además de dificultades posteriores para hacer valer las inconformidades.
La investigación señala además retrasos que pueden prolongar el procedimiento cuando el solicitante presenta un recurso de revisión, precisamente uno de los mecanismos que anteriormente resolvía el ITAIH como organismo autónomo.
El señalamiento contrasta con las expectativas expresadas antes de la desaparición del instituto. Quadratín recordó que el secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, había sostenido desde 2024 que con el nuevo esquema “mejoraría la atención de las solicitudes ciudadanas”.
Lo que no ocurrió.
