Por La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su preocupación por el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente en consulta pública por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al considerar que diversos aspectos de la propuesta podrían afectar la libertad de expresión y los mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación.
En un boletín fechado el 28 de julio, la CIRT informó que analiza tanto el proyecto sometido a consulta pública como la presentación realizada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y adelantó que buscará construir una postura unificada con sus más de mil 200 estaciones afiliadas para presentarla durante el proceso de consulta.
El organismo señaló que respalda el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las audiencias, pero sostuvo que existen disposiciones que requieren ser corregidas o precisadas para evitar riesgos a la libertad de expresión.
Entre sus principales observaciones, la CIRT advirtió que los lineamientos contienen conceptos ambiguos que, a su juicio, permitirían a la autoridad determinar qué información es falsa o descontextualizada, además de debilitar la figura del defensor de las audiencias al subordinar sus decisiones a la autoridad reguladora.
También cuestionó el esquema de sanciones previsto en el proyecto, al señalar que contempla multas de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales de concesionarios y programadores por presuntas faltas informativas, lo que, afirmó, excede lo previsto en la legislación vigente.
Asimismo, expresó su desacuerdo con la creación de un “recurso de inconformidad” que permitiría al gobierno revisar las resoluciones de los defensores de las audiencias, pues consideró que ello implicaría que la autoridad termine decidiendo qué contenidos, incluidos los informativos, pueden transmitirse.
Finalmente, la CIRT pidió que los lineamientos establezcan de manera expresa que no se admitirán quejas anónimas, al advertir que, de lo contrario, podrían utilizarse como mecanismo de presión mediante denuncias falsas o artificiales contra periodistas y comunicadores.
La Cámara consideró positivo que la CRT haya abierto un proceso de consulta pública para revisar el proyecto y reiteró que presentará un análisis más amplio, acompañado de comparativos internacionales, con el propósito de proponer ajustes que, afirmó, permitan proteger simultáneamente los derechos de las audiencias y la libertad de expresión.
