Por La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó con 21 votos el dictamen que busca impedir cobros distintos en productos o servicios equivalentes dirigidos a mujeres y hombres.
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó por 21 votos el dictamen para reformar el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y prohibir diferencias injustificadas de precios por razón de género.
La iniciativa, presentada por el Congreso de la Ciudad de México, establece que los proveedores no podrán fijar precios distintos para bienes o servicios sustancialmente equivalentes por el hecho de estar dirigidos a mujeres u hombres.
Las diferencias únicamente serán permitidas cuando exista una justificación objetiva y verificable relacionada con las características, calidad, composición, cantidad o funcionalidad del producto, así como con sus costos o condiciones de comercialización.
El dictamen señala que para determinar si dos bienes o servicios son equivalentes podrán analizarse su presentación, empaque, denominación y estrategia de mercadotecnia. Sin embargo, esas diferencias por sí solas no serán suficientes para justificar un precio distinto.
La comisión legislativa, presidida por el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del PAN, sostuvo que la reforma busca fortalecer la protección económica de las personas consumidoras frente a prácticas comerciales discriminatorias.
Los legisladores reconocieron que el mercado puede presentar variaciones legítimas de precios por factores como la calidad, cantidad, composición, producción, distribución o comercialización, pero consideraron que el género del consumidor no debe utilizarse directa o indirectamente para determinar el costo.
El dictamen advierte que algunos productos o servicios dirigidos específicamente a mujeres pueden comercializarse a precios superiores respecto de otros equivalentes destinados a hombres, sin que exista una diferencia sustancial que justifique el cobro.
La comisión consideró que la protección al consumidor es un asunto de interés público y que corresponde al Estado establecer medidas para prevenir, corregir y sancionar las conductas que afecten la equidad en las relaciones comerciales.
Tras su aprobación en comisión, el dictamen deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente antes de que la reforma pueda entrar en vigor.
