Por La Ley Alina llegaría a Hidalgo, luego de estar vigente ya en Baja California y Quintana Roo
Las diputadas locales, Tania Meza Escorza y Diana Rangel Zúñiga, buscan que en Hidalgo se aplique la legítima defensa con perspectiva de género para mujeres violentadas.
Meza Escorza dio a conocer que, de aprobarse la iniciativa, el Código Penal deberá presumir la legítima defensa en caso de que una mujer ejerza una conducta para repeler una agresión en la que sea víctima o esté en peligro inminente de ser víctima de violencia física, sexual, homicidio o feminicidio.
Asimismo, dijo, la misma presunción aplicará cuando una persona actúe en auxilio inmediato de una mujer en tales condiciones, con el fin de repeler algún tipo de acto violento.
“La legítima defensa con perspectiva de género no es un privilegio, es una exigencia urgente de justicia para las mujeres que han sobrevivido a la violencia. Muchas no sólo luchan por su vida frente a agresores, sino que también deben enfrentarse a un sistema legal que las criminaliza por haberse defendido”, expuso.
En ese sentido, la morenista subrayó que también plantean que no se considere exceso de legítima defensa cuando una mujer sea víctima o esté en peligro inminente de ser víctima de violencia física, sexual, homicidio o feminicidio.
O cuando la persona que ejerce la legítima defensa se encuentre en estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados.
“No podemos seguir juzgando a las mujeres con la misma vara que ha ignorado históricamente la violencia que viven y no se puede exigir mesura a quien actúa en situación de terror, de confusión o de miedo extremo”, comentó.
Lo anterior significa que la Ley Alina llegaría a Hidalgo, luego de estar vigente ya en Baja California y Quintana Roo, e impulsada en otras entidades como la Ciudad de México, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Yucatán, Nuevo León y Puebla.
La Ley Alina surgió a través del caso de Alina Mariel Narciso, pareja de Luis Rodrigo, ambos policías de Tijuana. Luego de una discusión el hombre comenzó a golpear y asfixiar a la mujer, por lo que ella tomó el arma de su pareja y le disparó, causándole la muerte.
Por ese motivo fue condenada a 45 años de prisión bajo el cargo de homicidio, ya que el juez del caso no consideró su acción como legítima defensa y el contexto de violencia de género en el que ella se encontraba.
Gracias a la lucha de su madre, a la revisión del caso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baja California y al apoyo social, Alina fue liberada tras tres años de injusta prisión, pero su historia no terminó ahí, ya que se convirtió en una lucha colectiva al promover una reforma legal que hoy se conoce como la Ley Alina.
“Reconocer este derecho es garantizar que el Estado no las revictimice, sino que les haga justicia; no es sólo una actualización legal sino un acto de dignidad, de reconocimiento y de humanidad hacia quienes han tenido que pelear por existir”, finalizó Tania Meza.
