Suponiendo…sin conceder.

Suponiendo…sin conceder.

Apenas hace poco más de un año, el 20 de octubre de 2025, Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, fue asesinado en la comunidad de La Estancia. 

Este 2026 ha sido un año aciago en los municipios de nuestro estado, en que llegamos al pasado sábado, donde un atentado a balazos cimbró la región serrana.

La madrugada del sábado 14 de noviembre quedó de manifiesto una perturbación del orden público cuya magnitud no puede reducirse al ingreso violento de varios hombres armados en una vivienda particular. Dos policías municipales fueron asesinados mientras cumplían labores de vigilancia en el domicilio del alcalde Francisco Martínez Enríquez. El gobernante no estaba allí. Sus custodios, sí.

Si hombres armados pueden irrumpir en la residencia de quien encabeza el gobierno municipal, someter a sus guardianes, matar a dos de ellos y retirarse, resulta indispensable preguntar qué posibilidades reales de protección tiene el ciudadano común, que no dispone de policías apostados a la puerta de su casa.

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, en conferencia de prensa, acompañado por otros integrantes del gabinete estatal y por el propio presidente municipal, más de doce horas después de los primeros reportes de la agresión, introdujo la posibilidad de que los atacantes hubieran pretendido cometer un robo.

Intentó reducir  un episodio de violencia extraordinaria como un delito patrimonial que, por sus consecuencias, había adquirido dimensiones trágicas.

Fuentes oficiales vinculadas con las investigaciones ministeriales, consultadas por CentralMX, descartaron posteriormente el robo como móvil de la agresión.

La propia información difundida sobre el ataque refiere que los agresores preguntaron por el paradero del alcalde y por una caja fuerte. Esos elementos deben ser examinados por la autoridad investigadora, sin convertir ninguno de ellos, aisladamente, en explicación suficiente del crimen.

Hay, además, una línea de indagación particularmente delicada que requiere esclarecimiento: la posibilidad de que la agresión guarde relación con compromisos económicos o políticos contraídos durante la campaña que llevó a Francisco Martínez Enríquez a la presidencia municipal.

La existencia de tales deudas y su eventual vinculación con los homicidios no han sido acreditadas públicamente. Pero la gravedad de esa posibilidad exige establecer si forma parte de las investigaciones y, de ser así, qué elementos la sustentan.

Hay un asunto que no debe quedar relegado por las declaraciones oficiales, las hipótesis sobre el móvil ni las manifestaciones de respaldo político: dos policías municipales murieron en cumplimiento de su deber, aun con todas las limitantes a las que están sometidos. 

Sus muertes no pueden quedar impunes por pleitos políticos, no en un Estado de Derecho como el que se supone, existe en Hidalgo.

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