Por La inutilizada fiscalía de atención a periodistas
El siete de mayo de 2015, el entonces procurador de justicia del estado de Hidalgo, Alejandro Straffon Ortiz, me dio la encomienda de proponer, para su posterior nombramiento, a quien sería el primer Fiscal de Atención a Delitos cometidos en contra de periodistas en el ejercicio de su profesión.
La tarea no era sencilla en la inteligencia que para desempeñar el cargo de Fiscal, un Ministerio Público en términos llanos, se requiere forzosamente contar con título de licenciado en Derecho.
Además de tener el conocimiento, experiencia y trayectoria en el gremio periodístico, no solo para saber los adalides de esa profesión (oficio, dicen los románticos) sino para identificarse con quienes lo ejercen y ganarse su confianza.
El objetivo era simple: atender exclusivamente a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, fuesen víctimas de algún delito.
El cargo recayó en el doctor en derecho y periodista deportivo Héctor Zárate Durón, de amplísima y prolífica carrera dentro del derecho, el deporte y el periodismo.
El 11 de mayo de ese mismo año, Straffon Ortíz le dio posesión como primer titular de la Fiscalía especial para la atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión y periodistas.
La fiscalía surgió a través del Acuerdo número 1/2015 del Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo, por el que se instauró bajo la adscripción del Despacho el Procurador desde donde ejercería sus facultades.
Hasta que cayó en el olvido, luego de la renuncia de Zárate Durón.
Los delitos cometidos en contra de periodistas, en el ámbito de sus responsabilidades, van desde amenazas hasta el asesinato.
Cometidos, por supuesto en la gran mayoría de los casos, por actores políticos, funcionarios de las administraciones gubernamentales.
Afortunadamente en Hidalgo no hay casos de gravedad, pero hay casos de agresiones que, ante la falta de una instancia concreta que les atienda, quedan en la impunidad.
En lo que va de esta semana, se han dado tres casos de agresión a periodistas: en Huejutla, donde un hombre, subordinado transitorio del alcalde Alfredo San Román, golpeó a un reportero y le despojó de su equipo celular.
En Tulancingo, donde la presidenta municipal, Lorena García, emprenderá acciones legales en contra de un medio de comunicación por revelar los casos de escandaloso nepotismo.
Y quizá el menos grave, pues no implicó violencia física, pero sí el más delicado, pues denota el talante autoritario del senador Cuauhtémoc Ochoa, quien con fastidio indicó a sus compañeros que no den entrevistas a los medios de comunicación.
En todos estos casos hay, cuando menos, la intención de interferir con el trabajo de periodistas que cubren un hecho noticioso.
“Podremos estar o no de acuerdo con las críticas, pero también tenemos derecho de réplica para podernos manifestar, así como exigir que nos abran un espacio cuando ese sea nuestro interés”.
La frase es del gobernador Julio Menchaca, quien se pronunció al respecto y lo hizo para pedir respeto al trabajo de los medios de comunicación.
Ahí está la fiscalía, sin títular, en espera de mejores momentos.
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