Ante solicitudes de extradiciones, presidenta exige respeto a la soberanía y justicia clara
a presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura enérgica tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que figuran el gobernador de Sinaloa, un senador y el alcalde de Culiacán.
Cronología de los hechos y extrañamiento diplomático
El proceso inició el pasado 28 de abril cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió los expedientes, turnándolos de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el gobierno mexicano manifestó un extrañamiento jurídico debido a que las autoridades estadounidenses hicieron pública la “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”, violando la confidencialidad estipulada en los Tratados internacionales en la materia.
El papel de la Fiscalía General de la República
La FGR ha iniciado un análisis exhaustivo para determinar si existen elementos probatorios suficientes bajo la legislación mexicana. La Presidenta subrayó que para solicitar una orden de aprehensión en nuestro país, se requieren pruebas contundentes y no solo señalamientos externos.
- Se investigará si la acusación cuenta con fundamento legal.
- La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales evaluará la viabilidad de la solicitud.
Defensa de la soberanía nacional
Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que su gobierno se rige bajo tres principios ante este escenario: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Aseguró que México mantiene una relación de iguales con todas las naciones y rechazó cualquier tipo de subordinación o entreguismo.
“Si la Fiscalía encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político“, sentenció la mandataria.
Finalmente, la titular del Ejecutivo Federal advirtió que no permitirá la intromisión o injerencia de ningún gobierno extranjero en las decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México, reafirmando su juramento de hacer respetar la Constitución y velar por el bienestar nacional.


