Por La iniciativa busca evitar una nueva forma de discriminación contra las mujeres en 2028
La diputada local, Diana Rangel Zúñiga, presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar la paridad de género en la gubernatura de Hidalgo y corregir lo que advierte como un riesgo de discriminación indirecta contra las mujeres rumbo al proceso electoral de 2028.
La propuesta plantea modificar el artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para establecer un esquema de alternancia de género en la titularidad del Poder Ejecutivo.
De aprobarse, cuando un hombre ocupe la gubernatura, en la elección inmediata siguiente los partidos políticos deberán postular exclusivamente a mujeres; en caso de que una mujer sea gobernadora, en la siguiente elección podrán postularse mujeres u hombres, conforme a la vida interna de los partidos.
En la exposición de motivos, la legisladora subraya que esta medida constituye “una acción afirmativa orientada a la igualdad sustantiva”, compatible con el artículo 35 de la Constitución federal y con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permiten “límites razonables a los derechos político-electorales cuando persiguen fines legítimos, proporcionales y debidamente justificados”.
La iniciativa también aborda el impacto del decreto publicado el siete de marzo de 2023 en el Periódico Oficial del Estado, que homologó los calendarios electorales federal y local y estableció que la gubernatura electa en 2028 tendría una duración de únicamente dos años.
Según el planteamiento de Rangel Zúñiga, ese diseño podría derivar en que la primera mujer en gobernar Hidalgo ejerza un mandato “significativamente más corto que el de un hombre electo en 2030, cuyo periodo sería de seis años”.
Para evitar ese escenario, la propuesta incluye la reforma al artículo cuarto transitorio del decreto, a fin de que, por única ocasión, “la persona titular del Poder Ejecutivo electa en 2028 ejerza el cargo durante cinco años, del 5 de septiembre de 2028 al 4 de septiembre de 2033”.
Con ello, sostiene la iniciativa, “se evita enviar un mensaje simbólico y material de desvalorización del liderazgo femenino y se impide consolidar una nueva forma de exclusión bajo apariencia normativa”.
La diputada argumenta que reducir el periodo de ejercicio exclusivamente cuando corresponde a una mujer “profundizaría la brecha histórica de desigualdad en el acceso al máximo cargo del poder ejecutivo estatal”.
Por el contrario, afirma que “la combinación de paridad de género y un mandato no recortado permite traducir el principio constitucional de igualdad en resultados concretos y efectivos”.
Finalmente, la iniciativa destaca que la paridad de género “no es una concesión, sino un principio constitucional y convencional de derechos humanos que busca corregir desequilibrios estructurales en los espacios de toma de decisiones, especialmente en cargos de elección popular unipersonales como la gubernatura.
