Por De memes y mentiras. Más mentiras.
La censura, igual que las malas personas o las leyes arbitrarias, rara vez llega anunciándose como censura. Suele presentarse con nombres más digeribles, más atractivos: protección de derechos de autor, combate a la desinformación, defensa de las audiencias, propiedad industrial o regulación de plataformas.
El problema aparece cuando, detrás de esos objetivos legítimos, se construyen facultades que permiten al poder monitorear, clasificar, retirar contenidos o castigar expresiones antes de que un juez determine que son ilícitas.
Eso es precisamente lo que la prestigiosa organización defensora de periodistas y la libertad de expresión ñ, ARTICLE 19, advierte sobre la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor.
La propuesta ampliaría la responsabilidad de los proveedores de internet, mantendría el esquema de “notificación y retirada” y obligaría a establecer mecanismos para terminar el servicio a quienes sean considerados infractores reincidentes.
La organización sostiene que el resultado previsible sería mayor vigilancia de usuarios y retiro preventivo de contenidos para evitar sanciones.
La legislación vigente ya contempla multas a proveedores que no retiren con rapidez materiales denunciados por presuntas violaciones al derecho de autor.
Apenas en agosto, ARTICLE 19 cuestionó que la Consejera Jurídica del gobierno federal, Luisa Alcalde, experta en redes, utilizara el espacio oficial denominado “Derecho de Réplica” para presentar un análisis de una supuesta red de amplificación digital en la que fueron enlistados periodistas, comentaristas, analistas y actores políticos.
Según la organización, el ejercicio clasificó cuentas y contenidos críticos sin transparentar suficientemente la metodología utilizada; por ello advirtió que al Estado no le corresponde convertirse en árbitro de la conversación pública ni etiquetar desde el poder qué información considera verdadera o falsa.
Un gobierno democrático tiene derecho a responder a sus críticos. Puede desmentir, exhibir documentos, exigir réplica y defender sus políticas.
Lo que resulta mucho más delicado es que el aparato público acumule herramientas para observar quién critica, clasificarlo, presionar a intermediarios digitales o diseñar normas suficientemente amplias para producir autocensura.
El periodismo incómodo —el serio, el que pregunta y no se vale de mamarrachos afines al gobierno— no necesita protección especial frente a la crítica del poder; necesita que el poder tenga límites.
