Por Sheinbaum, censurar a los medios de comunicación, a como dé lugar.
Nuevamente, en su quinto, ¿sexto? intento por controlar a los medios de comunicación y las redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó “revisar la regulación” para prensa y plataformas digitales.
La presidenta señaló que “deberá analizarse”, así, si el “derecho de las audiencias” debe extenderse a medios impresos, plataformas digitales y redes sociales, además de la radio y la televisión.
¿Mensaje a Ricardo Salinas? Claro, y a cualquiera que ose disentir de ella y su gobierno.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno “revisará la posibilidad” de ampliar el alcance de la regulación del derecho de las audiencias para incluir a la prensa escrita, las plataformas digitales y las redes sociales.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que actualmente la Comisión encargada de los derechos de las audiencias “únicamente regula los contenidos de la radio y la televisión, por lo que consideró necesario analizar si ese marco normativo debe extenderse a otros medios de comunicación”.
Sheinbaum indicó que el objetivo es revisar si la prensa escrita y las plataformas digitales deben incorporarse a la regulación relacionada con los derechos de las audiencias, tema que, dijo, requiere un análisis sobre su alcance y aplicación.
La presidenta reiteró que, por ahora, la regulación vigente se limita a los medios de radiodifusión, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir cambios que incluyan a los medios impresos, plataformas digitales y redes sociales bajo el esquema del derecho a las audiencias.
En un escueto y tímido comunicado, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) informó que “analiza” los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente en consulta pública por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), y manifestó su disposición a participar con propuestas para mejorar el proyecto.
La organización de concesionarios señaló que “respalda el objetivo de fortalecer los derechos de las audiencias”, pero considera que el proyecto contiene disposiciones que deben corregirse para “evitar riesgos a la libertad de expresión y brindar mayor certeza jurídica”.
Entre sus principales observaciones destacan:
Ambigüedad en los lineamientos: advierte que algunas disposiciones permitirían al gobierno “definir qué información es falsa o descontextualizada”, lo que, a su juicio, podría generar discrecionalidad y debilitar los mecanismos de autorregulación de los medios.
Eso es censura.
Multas excesivas: considera desproporcionadas las sanciones previstas, de hasta el 1% de los ingresos anuales de concesionarios o programadores por presuntas faltas informativas, al señalar que la legislación vigente sólo contempla sanciones por no designar defensor de las audiencias o por no emitir códigos de ética.
Por supuesto, eso es censura.
Revisión gubernamental de decisiones: cuestiona la creación de un “recurso de inconformidad” mediante el cual la autoridad podría revisar las resoluciones de los defensores de las audiencias, lo que, según la CIRT, permitiría al gobierno influir en la determinación de qué contenidos pueden transmitirse.
¿Hay algo más censor que eso?
Quejas anónimas: solicita que los lineamientos prohíban expresamente las denuncias anónimas, al considerar que podrían utilizarse como mecanismo de presión contra periodistas y medios mediante denuncias falsas.
Finalmente, la CIRT considera positivo que la CRT haya abierto un proceso de consulta pública para revisar el proyecto y sostiene que su objetivo es contribuir a un marco regulatorio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión y el derecho de la población a elegir los contenidos que desea consumir.
El control del Estado asoma nuevamente.
Esa tentación censora propia de las dictaduras.
