Por ¿Auditorías particulares a las diputadas Tania Meza y Cinthya Delgado? ¿Y lo demás?
El manejo de recursos públicos en el Congreso de Hidalgo durante las presidencias legislativas de Ricardo Baptista González, Julio Manuel Valera Piedras, Jorge Hernández Araus y Jesús Osiris Leines Medécigo continúa bajo cuestionamiento público debido a presuntas irregularidades relacionadas con consultas indígenas, gastos administrativos y el uso de millones de pesos del Poder Legislativo.
Uno de los episodios más polémicos corresponde a las consultas indígenas impulsadas durante la etapa de Ricardo Baptista al frente de la Junta de Gobierno del Congreso local, entre 2018 y 2020, ejercicios que representaron erogaciones millonarias y que posteriormente fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Corte “tiró” diversas reformas aprobadas por el Congreso de Hidalgo al considerar que no se realizaron consultas indígenas adecuadas conforme a estándares constitucionales y de derechos humanos, lo que generó cuestionamientos sobre la utilidad y el destino de los recursos públicos ejercidos para dichos procesos.
Durante ese periodo, el Congreso realizó consultas en comunidades indígenas para respaldar reformas legales; sin embargo, las críticas se concentraron en el costo operativo, la contratación de servicios y la falta de resultados legislativos efectivos, luego de que varias disposiciones terminaran anuladas ¡por la Suprema Corte!
A la basura alrededor de 13 millones de pesos, que siguen en el aire.
Posteriormente, Jorge Hernández Araus enfrentó críticas por un gasto cercano a cinco millones de pesos relacionado con actividades administrativas y operativas del Poder Legislativo.
Hernández Araus subsanó, o eso dijo, entregando los casi cinco millones como quien saca la feria para dar una propina.
Ya del tema de Jessica Blancas ni hablar. A la basura casi mil millones de pesos, porque evidentemente no habrá más sobre ese tema luego de que el exgobernador Omar Fayad sacó la cara por su tesorera.
Y de pronto la Auditoría Superior del estado de Hidalgo (ASEH) inicia auditorías “personalizadas” a las diputada Tania Meza y Cynthia Delgado sobre el ejercicio de apoyos sociales justo después de que ella y la diputada asumieran una postura pública en defensa de la Fundación Arturo Herrera Cabañas.
Cincuenta mil pesos asignados a cada una de ellas -recordar que en la actual legislatura se disminuyó ese apartado que había sido aumentado al doble durante la presidencia de Julio Valera- para gestión social.
Vaya, esperemos que el prurito transparentador de la ASEH se aplique al parejo y no casualmente en contra de las dos legisladoras que apostaron por sus posturas críticas.
¡Cincuenta mil pesos!
