La presidenta del Tribunal Superior de Justicia planteó fortalecer la capacitación de jueces en cambio climático, derechos humanos y protección de las futuras generaciones.
La magistrada Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), propuso incorporar de manera permanente la justicia ambiental y los efectos del cambio climático en la agenda jurídica de los tribunales, mediante programas de capacitación dirigidos a las personas juzgadoras.
Durante su participación en el encuentro internacional “Jueces, Litigancia Climática y Derechos Humanos”, celebrado en la Casina Pío IV de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, en Ciudad del Vaticano, sostuvo que los tribunales deben contar con herramientas jurídicas para atender las consecuencias del deterioro ambiental sobre los derechos humanos.
El encuentro fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aladro Echeverría, quien también ocupa la vicepresidencia del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales (COPAJU), Capítulo México, señaló que el reconocimiento del derecho a un clima sano como un derecho humano autónomo, interdependiente e intergeneracional plantea nuevas obligaciones para los órganos jurisdiccionales.
En ese contexto, propuso que especialistas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto Fray Bartolomé de las Casas compartan instrumentos jurídicos y criterios internacionales, incluida la Opinión Consultiva OC-32/2025, para facilitar su conocimiento y aplicación en los tribunales.
Asimismo, planteó establecer mesas de trabajo con jueces locales para analizar cómo los daños ambientales pueden tener repercusiones en procedimientos judiciales de carácter civil, familiar, mercantil y administrativo.
Para el Poder Judicial de Hidalgo, la magistrada propuso establecer un eje permanente de capacitación en justicia ambiental, derechos humanos y cambio climático, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad y a los derechos de las futuras generaciones.
“Ninguna persona juzgadora puede aplicar lo que en realidad no conoce”, expresó al señalar que la actualización judicial resulta necesaria para incorporar los estándares internacionales a la impartición de justicia.
La presidenta del TSJEH sostuvo que la protección del medio ambiente debe considerarse dentro de la tutela de los derechos humanos, particularmente ante las consecuencias que el cambio climático puede generar sobre las condiciones de vida de la población.
Finalmente, explicó que la propuesta presentada desde Hidalgo incorpora una perspectiva intergeneracional, orientada a que las decisiones judiciales también consideren sus efectos sobre niñas, niños, jóvenes y las generaciones futuras.


