Por El comité de adquisiciones: el poder que no pasa por Cabildo
Por Yarely Melo
En el discurso institucional, el Cabildo es el órgano máximo de decisión del municipio.
Ahí se aprueba el presupuesto, se definen prioridades y, en teoría, se orienta el destino del dinero público.
Pero hay una pregunta que incomoda, y que pocas veces se formula con claridad:
¿realmente es ahí donde se decide cómo se gasta?
La respuesta no siempre coincide con la narrativa.
En la práctica, una parte sustancial del ejercicio del gasto no se define en el Cabildo, sino en un espacio menos visible, menos discutido y, en muchos casos, menos comprendido: el comité de adquisiciones.
Ahí, lejos del debate público, se toman decisiones que impactan directamente en el uso de los recursos. Contrataciones, compras, adjudicaciones. Procesos que, en apariencia, siguen reglas claras y procedimientos establecidos, pero que en su operación cotidiana pueden desplazar el centro real del poder.
El Cabildo aprueba el presupuesto.
El comité decide cómo se ejecuta.
Y en esa diferencia se abre una de las brechas más importantes del poder municipal.
No se trata de una ilegalidad evidente.
Se trata de algo más complejo: una redistribución silenciosa de facultades, donde el marco normativo permite que decisiones clave se tomen en espacios con menor visibilidad política.
El resultado es una ilusión de control.
Se cree que al aprobar el presupuesto se ha definido el destino del recurso, cuando en realidad lo que se ha autorizado es apenas un punto de partida. La ejecución, con todos sus matices, se construye después, en decisiones que no siempre pasan por el mismo nivel de deliberación.
En ese proceso, el comité de adquisiciones puede convertirse en un filtro.
Un espacio donde se validan opciones, se ajustan criterios, se determinan proveedores y se configuran condiciones que, aunque formales, no siempre reflejan una competencia real o una evaluación abierta.
No porque el sistema esté diseñado para fallar, sino porque permite operar dentro de márgenes amplios que, sin un contrapeso efectivo, pueden concentrar decisiones en pocas manos.
Así, la legalidad se cumple.
Los procedimientos existen.
Los documentos se integran.
Pero la pregunta de fondo permanece:
¿quién decide realmente?
La arquitectura del poder municipal no siempre es visible en los acuerdos de Cabildo. Muchas veces se encuentra en estos espacios técnicos que, bajo la apariencia de especialización, concentran decisiones que definen el uso del dinero público.
Y ahí es donde el equilibrio institucional se pone a prueba.
Porque cuando el Cabildo pierde visibilidad sobre la ejecución, también pierde capacidad de incidencia. Y cuando pierde incidencia, el poder que formalmente le corresponde comienza a diluirse.
No se trata de eliminar comités, ni de cuestionar su existencia.
Se trata de entender su peso real.
De reconocer que no todo el poder pasa por donde debería ser visible.
Y de asumir que gobernar no es solo aprobar, sino vigilar, comprender y, sobre todo, no perder de vista dónde se toman las decisiones que realmente importan.
Porque en el fondo, el problema no es que existan otros espacios de decisión.
El problema es no saber que ahí es donde se decidetodo o casi todo.
