Por El diputado Éctor Jaime exhibió documentos oficiales que advierten la falta de asignación presupuestal al Programa IMSS-Bienestar para 2025.
El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, denunció que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trasladó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el financiamiento de servicios médicos destinados a población sin seguridad social, luego de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 no contemplara una asignación específica para el Programa IMSS-Bienestar, anteriormente conocido como IMSS-Coplamar.
El legislador difundió tres documentos oficiales, fechados entre agosto y diciembre de 2024, que dan cuenta de las dificultades presupuestarias del programa, de una reducción en las ministraciones autorizadas y de la decisión del Consejo Técnico del IMSS de garantizar temporalmente la continuidad de los servicios mediante mecanismos financieros internos.
De acuerdo con el panista, la medida implicó utilizar recursos del Seguro Social para sostener unidades médicas que atienden a personas sin derechohabiencia, una situación que, sostuvo, requiere una explicación sobre el origen de los recursos y los mecanismos establecidos para su recuperación.
Advirtieron riesgo para 11 millones de personas
Uno de los documentos, identificado con el número 59-54-81-61-0700/5031 y fechado el 12 de diciembre de 2024, fue firmado por Manuel Cervantes Ocampo, entonces titular de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar.
El oficio, dirigido a las áreas de Prestaciones Médicas, Finanzas y Administración, señala expresamente que en el presupuesto federal aprobado para 2025 no se consideró una asignación para ese programa.
En el documento, Cervantes Ocampo expuso la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios que se proporcionaban a 11 millones de beneficiarios, entre ellos 3.8 millones de personas indígenas y 2.5 millones de habitantes de localidades de difícil acceso.
La cobertura descrita comprendía unidades médicas distribuidas en 19 entidades federativas, mil 422 municipios y 20 mil 299 localidades.
El funcionario enumeró como necesidades de financiamiento el pago de nómina, prestaciones laborales, obligaciones contractuales, contratación de bienes y servicios, acciones comunitarias, así como la conclusión y equipamiento de obras pendientes.
Ante ese escenario, solicitó observaciones e instrucciones a las áreas responsables, considerando que la administración del programa correspondía al IMSS.
El IMSS ya había advertido insuficiencia de recursos
Un segundo oficio, fechado el 13 de agosto de 2024, documenta que la Unidad del Programa IMSS-Bienestar había solicitado una ampliación presupuestal de 2 mil 197.9 millones de pesos para cubrir presiones de gasto que ponían en riesgo la continuidad de los servicios médicos.
La respuesta de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática del IMSS señala que, mediante un acuerdo de su Consejo Técnico, se autorizó modificar el calendario de ministraciones del programa, con una disminución de 2 mil 39 millones de pesos.
Esta comunicación acredita que las dificultades financieras habían sido identificadas meses antes de la aprobación del presupuesto federal de 2025.
Sin embargo, la disminución del calendario de ministraciones de 2024 y la falta de asignación presupuestal específica para 2025 corresponden a decisiones diferentes y no deben contabilizarse como un mismo recorte.
Consejo Técnico autorizó utilizar reservas operativas
tercer documento, con número 09/9001/030000/2474, fue emitido el 18 de diciembre de 2024 por la Secretaría General del IMSS y dirigido al entonces director de Finanzas, Marco Aurelio Ramírez Corzo.
El oficio reproduce el acuerdo ACDO.AS3.HCT.181224/471.P.DF, aprobado por el Consejo Técnico del Instituto en su sesión de esa misma fecha.
Mediante esta resolución se autorizó que, a partir del primero de enero de 2025 y durante tres meses, el IMSS garantizara, como programa prioritario, la continuidad de los servicios médicos proporcionados por el Programa IMSS-Bienestar.
También se autorizó constituir una provisión en las reservas operativas del Instituto con recursos provenientes de los ingresos excedentes del ejercicio fiscal 2024.
El monto quedaría sujeto a los resultados del cierre financiero de ese año y a una evaluación posterior del propio Consejo Técnico.
El documento instruyó además a las direcciones de Administración, Prestaciones Médicas y Jurídica a realizar las gestiones necesarias para establecer mecanismos de compensación, reembolso o cobro al Gobierno Federal por los recursos utilizados.
Esta disposición confirma que el Consejo Técnico contempló mecanismos de recuperación de los fondos; sin embargo, el oficio no permite determinar cuánto dinero fue efectivamente ejercido durante 2025 ni cuánto, en su caso, fue reintegrado posteriormente.
Diputado reclama explicación por 20 mil 700 millones
Ramírez Barba afirmó que el propio IMSS reconoció, en su Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos 2024-2025, la autorización de 20 mil 700 millones de pesos procedentes de ingresos excedentes de 2024 para sostener el programa y facilitar su incorporación al régimen ordinario.
También aseguró que el programa había calculado necesidades financieras superiores a 32 mil millones de pesos para 2025 y que se requerían al menos 5 mil 442 millones únicamente para garantizar la operación durante los primeros tres meses del año.
Estas últimas cantidades forman parte de la denuncia del legislador y requieren su cotejo puntual con los anexos presupuestarios y acuerdos financieros correspondientes.
El informe financiero 2024-2025 del IMSS, disponible públicamente, sí reconoce dificultades presupuestarias en el Programa IMSS-Bienestar durante 2024.
Señala que los servicios de personal representaron 69 por ciento del gasto total y que, ante las restricciones financieras, disminuyeron las erogaciones destinadas a bienes, servicios generales e inversión física.
Entre los rubros afectados se encontraban partidas relacionadas con medicamentos, vacunas, material de laboratorio y equipamiento médico. 
Para el diputado panista, la decisión de recurrir a recursos propios del Instituto trasladó a la seguridad social una responsabilidad que, a su juicio, debía financiarse mediante asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación.
“¡Los recursos de los trabajadores no deben utilizarse para sustituir las obligaciones presupuestarias del Gobierno Federal!”.
Ector jaime ramirez
El legislador cuestionó además la posibilidad de que el llamado Servicio Universal de Salud reproduzca mecanismos similares de financiamiento, al ampliar la atención a población sin seguridad social sin garantizar recursos adicionales.
No obstante, los documentos difundidos no acreditan por sí mismos que se hayan desviado ilegalmente cuotas obrero-patronales ni permiten establecer una relación causal entre el financiamiento del programa y los problemas de saturación hospitalaria señalados por el diputado.
IMSS sostiene que cuenta con solvencia financiera
En contraste con los cuestionamientos del legislador, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó el 5 de julio de 2025 que el Instituto mantenía una tendencia de crecimiento de sus reservas financieras y contaba con suficiencia programada hasta 2037.
El funcionario señaló que las reservas permitían dar continuidad a los servicios y atender las estrategias de fortalecimiento institucional. 
La postura del Instituto sobre su solvencia general no resuelve, sin embargo, las preguntas específicas sobre el financiamiento del programa de atención rural y el destino final de los recursos extraordinarios utilizados durante 2025.
Tampoco debe confundirse el Programa IMSS-Bienestar, históricamente administrado por el Seguro Social y orientado a comunidades rurales, con el organismo público descentralizado IMSS-Bienestar, creado para prestar servicios de salud a población sin seguridad social.
Piden transparentar recursos y reintegros
Ramírez Barba sostuvo que corresponde al Gobierno Federal y a las autoridades del Seguro Social informar cuánto dinero se destinó efectivamente a sostener el antiguo programa IMSS-Coplamar durante 2025, qué proporción procedió de recursos propios del Instituto y si se efectuaron las compensaciones o reintegros previstos en el acuerdo de diciembre de 2024.
El legislador también afirmó que la Secretaría de Hacienda solicitó posteriormente eliminar el programa de la estructura presupuestaria de 2026, señalamiento cuyo oficio correspondiente no forma parte de los tres documentos examinados.
La documentación difundida establece que existió una advertencia formal sobre la falta de asignación presupuestal y que el Consejo Técnico autorizó medidas temporales para mantener la atención médica.
La información disponible no permite establecer todavía el monto definitivo ejercido, la fuente contable específica de todos los recursos utilizados ni el saldo pendiente de recuperación, en caso de existir.
Esas cifras resultan necesarias para determinar el impacto financiero de la medida sobre el IMSS y conocer cómo se sostuvo la atención de millones de personas sin seguridad social durante 2025.
