Por El organismo advirtió que modificar el ciclo escolar sin considerar el contexto social y laboral de las familias puede afectar derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pronunciamiento DGDDH/004/2026 en el que solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) revisar las modificaciones realizadas al calendario escolar 2025-2026 derivadas del calor y la realización del Mundial de Futbol 2026.
El organismo nacional señaló que las adecuaciones contemplan concluir el ciclo escolar el próximo 5 de junio y arrancar el ciclo 2026-2027 el 31 de agosto en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica del país.
La CNDH indicó que dichas modificaciones fueron aprobadas durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del CONAEDU, celebrada el 7 de mayo, a partir de solicitudes planteadas por 10 entidades federativas y reuniones de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En el documento, la Comisión consideró que la determinación debe analizarse tomando como eje central el interés superior de la niñez, establecido en el artículo 3 constitucional, además de los contextos sociales y laborales de las personas cuidadoras.
El organismo sostuvo que las modificaciones únicamente impactan en las jornadas educativas de niñas, niños y adolescentes, pero no en las jornadas laborales de madres, padres y personas cuidadoras, lo que podría provocar que menores permanezcan solos en casa.
Asimismo, advirtió que esta situación podría colocar a niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y generar afectaciones físicas, motoras, cognitivas, emocionales y sociales.
La CNDH también señaló que las medidas fueron planteadas como acciones emergentes y temporales para atender problemáticas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026 y las condiciones climáticas, aunque consideró que no representan una solución duradera ni integral.
Además, refirió que en algunos casos las personas cuidadoras no cuentan con redes de apoyo suficientes para garantizar el cuidado y protección de menores, lo que podría incrementar riesgos de violencia y vulnerar lo establecido en el artículo 17, fracción III, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por ello, la Comisión Nacional exhortó a la SEP y al CONAEDU a generar mecanismos que permitan considerar los contextos sociales y laborales en la emisión de disposiciones relacionadas con el calendario escolar y garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
El organismo concluyó que la responsabilidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes corresponde a todas las autoridades y a la sociedad en general.
