Por La propuesta de modificar el calendario escolar 2025-2026 para concluir el ciclo lectivo el próximo 5 de junio continúa generando reacciones entre distintos sectores sociales y educativos del país. En Hidalgo, representantes empresariales, asociaciones de padres de familia y escuelas particulares manifestaron su rechazo a la medida planteada por autoridades educativas federales.
De acuerdo con el planteamiento oficial, el ajuste al calendario tendría como argumentos las altas temperaturasregistradas en distintas regiones del país y la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
A través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Unión Nacional de Padres de Familia y la Federación de Escuelas Particulares, los sectores involucrados solicitaron que se reconsidere la modificación al considerar que tendría impactos no sólo en el ámbito educativo, sino también en el transporte público, pequeños comercios y en la dinámica cotidiana de madres, padres y tutores.
El presidente de COPARMEX Hidalgo, Luis Fernando Garrido Ramírez, señaló que la realización del Mundial no debería ser un argumento para adelantar el periodo vacacional de verano y advirtió que la medida podría incrementar el rezago educativo.
Asimismo, indicó que es necesario que las autoridades educativas federales y estatales conozcan la postura del sector empresarial para que, en caso de concretarse el cambio al calendario escolar, se implementen medidas complementarias que permitan evitar una mayor disminución en el nivel educativo.
Como alternativa, propuso que las clases pudieran regionalizarse en función de las condiciones climáticas de cada entidad, con el objetivo de evitar la pérdida de hasta un mes de actividades escolares en zonas donde las temperaturas no representan un riesgo elevado.
La postura también fue respaldada por Gabriel Paredes Dueñas, quien señaló que la modificación afectaría en Hidalgo a 25 instituciones afiliadas a dicha federación, las cuales atienden a alrededor de 10 mil estudiantes.
Por su parte, Ricardo de Alba consideró que una interrupción prolongada de clases impactaría el aprendizaje de los alumnos y complicaría la planeación cotidiana de madres, padres de familia y tutores.
