Por Organizaciones convocan a manifestación en el Zócalo; argumentan violaciones constitucionales y legales.
Organizaciones defensoras de los derechos animales en México anunciaron que el próximo 29 de abril solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción sobre diversos juicios que buscan poner fin a las corridas de toros en Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Baja California.
La petición será presentada en el marco de una manifestación pacífica convocada en el Zócalo de la Ciudad de México, desde donde los participantes se trasladarán al recinto del máximo tribunal para hacer entrega formal del documento.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Movimiento México Sin Toreo y la Confederación por los Derechos Animales en México, las corridas de toros contravienen disposiciones constitucionales y normas federales vigentes en materia de bienestar animal.
Las organizaciones señalan que el artículo 4º de la Constitución establece la prohibición del maltrato animal, mientras que el artículo 3º incorpora el respeto hacia los animales como parte de la formación ética promovida por el Estado. Asimismo, refieren criterios de la propia Corte que reconocen la protección animal como un interés constitucional que puede limitar prácticas culturales cuando implican violencia.
También citan la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual —afirman— no contempla excepciones para espectáculos como la tauromaquia, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, que regula los métodos para la muerte de animales sin dolor ni sufrimiento, aplicable incluso en centros de espectáculo.
En el documento, los colectivos sostienen que existe una sentencia firme de un tribunal colegiado en la Ciudad de México que ordena hacer cumplir la legislación en esta materia en todo el país, y acusan falta de actuación por parte de autoridades federales encargadas de su vigilancia.
Finalmente, las organizaciones expresaron su expectativa de que la Suprema Corte resuelva de fondo el tema y establezca criterios que otorguen certeza jurídica en materia de derechos animales en México.
