Por Especialistas en derecho, derechos humanos y activismo digital plantearon la necesidad de revisar el Capítulo 19 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo de establecer mecanismos que obliguen a las plataformas tecnológicas a sujetarse a la jurisdicción de los países donde operan.
El tema fue abordado durante la conferencia “Digitalidad y derechos humanos: los riesgos del tratado de comercio en materia de servicios digitales”, realizada en el marco de la 39 edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
En el encuentro participaron Carmen Quijano Decanini, consejera de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Jesús Ricardo Miranda Medina, secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM; Marcela Hernández Oropa, fundadora de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, y Martha Briones Rangel, fundadora de Código Violeta A.C.
Durante la mesa se expuso que una modificación a las disposiciones comerciales relacionadas con los servicios digitales podría facilitar la cooperación entre autoridades de distintos países para investigar y atender conductas cometidas mediante plataformas digitales, particularmente aquellas relacionadas con violencia en línea.
La propuesta, impulsada desde la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, plantea atender los vacíos derivados de la operación transnacional de las empresas tecnológicas y avanzar hacia mecanismos de cooperación extraterritorial, de manera que las plataformas puedan responder ante las leyes y autoridades de los territorios donde prestan sus servicios.
Las participantes señalaron que la falta de claridad sobre la jurisdicción aplicable en el entorno digital puede dificultar la persecución de conductas ilícitas, la protección de víctimas y la obtención de información cuando las empresas responsables de las plataformas tienen sede en otro país.
El planteamiento también fue relacionado con los avances alcanzados mediante la denominada Ley Olimpia, conjunto de reformas que reconoce y sanciona distintas formas de violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
La conferencia se desarrolló en el auditorio “Josefina García Quintanar”, como parte del programa académico de la FUL, y tuvo como eje el debate sobre los derechos humanos frente a la expansión de los servicios digitales y las reglas comerciales internacionales.
