Por El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo señaló que administrativamente los recursos sí fueron ejercidos; el nuevo proceso podría costar alrededor de 10 millones de pesos.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, Andrés Velázquez Vázquez, reconoció que será difícil recuperar los alrededor de 12 millones de pesos utilizados en ejercicios anteriores de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, cuyo procedimiento fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuestionado sobre la posibilidad de rescatar esos recursos, el legislador explicó que la dificultad radica en que, desde el punto de vista administrativo, el gasto sí fue realizado y cumplió con los procedimientos correspondientes.
“Estamos buscando no cometer los mismos errores, por eso estamos viendo que el costo disminuya y que el objetivo central sea considerar a los pueblos indígenas”, señaló.
El Congreso estatal inició los trabajos para reponer la consulta en los 84 municipios de Hidalgo, luego de que el procedimiento anterior fuera considerado inconstitucional por la Suprema Corte.
Velázquez Vázquez informó que ya existe trabajo técnico, financiero y jurídico en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas.
Añadió que en los próximos días buscarán incorporar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para coordinar los trabajos y analizar la posibilidad de vincular el ejercicio estatal con la consulta que realizará el Gobierno federal.
De acuerdo con el diputado, inicialmente se calcula que la nueva consulta podría representar un gasto cercano a los 10 millones de pesos, aunque actualmente se realizan ajustes para reducir el monto.
Una de las alternativas, explicó, es sumar esfuerzos con el proceso federal, lo que permitiría disminuir todavía más los costos de organización y operación.
La nueva consulta busca recoger la opinión de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas antes de aprobar modificaciones legales que tengan impacto directo en sus derechos, particularmente en materia político-electoral.
Entre los objetivos se encuentra dar sustento legal a reformas relacionadas con la participación y representación indígena, establecer mecanismos para la elección de alcaldes y diputados, evitar la simulación de candidaturas indígenas y considerar la opinión de comunidades de los 84 municipios en decisiones públicas que les afecten.
El Congreso deberá realizar el nuevo procedimiento después de la resolución de la Suprema Corte, mientras que los recursos utilizados en la consulta anterior enfrentan pocas posibilidades de ser recuperados debido a que, según Velázquez Vázquez, administrativamente fueron ejercidos conforme a los procedimientos establecidos.
Consultas anuladas por irresponsabilidad del Poder Legislativo.
En diciembre de 2023, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los decretos 573 y 576, publicados el 22 de agosto de 2023, por medio de los cuales fueron reformadas diversas disposiciones del Código Electoral del estado de Hidalgo.
La SCJN determinó que las disposiciones reformadas afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad.
Según los razonamientos de los Ministros, existía la obligación de realizar consultas previas, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Pese a ello, no se llevaron a cabo de acuerdo con los parámetros fijados por el la Corte e instrumentos internacionales, previamente ordenadas en la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019.
Los contratos signados por el Congreso del estado de Hidalgo con la empresa SEAP Consultores S.C., no cuentan con una cláusula de responsabilidad para el proveedor ante la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte de Justicia para las consultas realizadas por esa empresa.
La Consulta a los Pueblos y comunidades Indígenas de Hidalgo, cuyo contrato celebrado es el CELSH-DGSA-LP-CO23/2022, tuvo un costo al erario fue de 9 millones 720 mil pesos.
Por su parte, el contrato para la Consulta a personas con discapacidad, con la misma empresa, cuya representación legal es de Mariana González Morales, costó al Congreso 2 millones 494 mil pesos, bajo el folio CELSH-DGSA-LP-CO24/2022.
En ambos casos, las Consultas elaboradas por esa empresa y pagadas por el congreso hidalguense, con un total de 12 millones 214 mil 800 pesos, fueron declaradas inconstitucionales por la SCJN.
