Por El Tablero Estratégico de Control de Indicadores (TECI), Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), la ASEH y mediciones externas revelan inconsistencias metodológicas, observaciones administrativas y metas limitadas en tres áreas clave del Ejecutivo de Hidalgo.
La Unidad de Planeación y Prospectiva, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Infraestructura Pública y del gobierno de Hidalgo presentan debilidades distintas en sus sistemas de medición y operación.
Desde indicadores con inconsistencias metodológicas y observaciones de auditoría, hasta metas que privilegian procesos administrativos o muestran avances reducidos frente a los problemas que pretenden atender.
El análisis parte principalmente del Tablero Estratégico de Control de Indicadores (TECI), plataforma pública del Gobierno de Hidalgo destinada a consultar los indicadores de desempeño de las dependencias y organismos estatales.
De acuerdo con el propio portal, actualmente intrega 482 indicadores de 83 dependencias e instituciones y los divide entre estratégicos —vinculados con las metas del Plan Estatal de Desarrollo y su impacto— y tácticos, relacionados con la operación de programas gubernamentales.
Además, ñlas Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), que establecen objetivos, indicadores, medios de verificación y metas de los programas presupuestarios, además del sistema estatal de Evaluación del Desempeño y los informes de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
Planeación: inconsistencias en sus métricas y observaciones de la ASEH.
La Unidad de Planeación y Prospectiva, que encabezó Miguel Tello hasta el pasado viernes, quien renunció para buscar una candidatura a diputado federal, tiene una posición central dentro del Ejecutivo porque es la responsable de coordinar la planeación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas.
Precisamente por ello, las inconsistencias detectadas en algunos de sus propios indicadores resultan especialmente relevantes.
Uno de los casos se encuentra en el indicador que mide los instrumentos de planeación publicados.
La meta para 2026 es de 95 por ciento, considerando un Plan Estatal de Desarrollo, 15 programas sectoriales, siete especiales, 65 institucionales, tres metropolitanos y 12 regionales.
Sin embargo, la fórmula asigna el mismo peso a cada uno de esos seis grupos. En términos prácticos, un solo Plan Estatal representa la misma proporción del indicador que los 65 programas institucionales en conjunto.
Esto significa que un porcentaje elevado de cumplimiento no necesariamente equivale al porcentaje real de documentos publicados.
Otro indicador mide los proyectos de impacto regional con análisis de congruencia y vinculación institucional. La meta aumenta hasta 70 por ciento en 2026, pero en la consulta pública del TECI los resultados históricos no aparecen con suficiente claridad para reconstruir el cumplimiento de ejercicios anteriores.
También existen diferencias entre la periodicidad mostrada en el portal y la contenida en algunas fichas técnicas: indicadores que aparecen como trimestrales en el sistema son definidos como anuales en su documentación metodológica.
En otro caso, un indicador pretende medir los instrumentos estadísticos y geográficos generados respecto de los solicitados, pero la definición de las variables vuelve a referirse a instrumentos “generados” en el denominador, lo que introduce una inconsistencia entre lo que se pretende medir y la fórmula documentada.
A esas fallas metodológicas se suman ahora antecedentes de fiscalización.
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo volvió a formular observaciones a la Unidad de Planeación y Prospectiva en la revisión de la Cuenta Pública 2024, después de que en la Cuenta Pública 2023 ya había detectado deficiencias relacionadas con evaluaciones, contratación de servicios y documentación de proveedores.
En la auditoría correspondiente a 2023, identificada como ASEH/DGFSD/07/UPYP/2023, el organismo fiscalizador determinó 14 resultados y formuló recomendaciones en todos ellos. Entre los hallazgos estuvieron inconsistencias entre el Programa Anual de Evaluación, las bases de licitación y los contratos, además de falta de evidencia documental para acreditar la experiencia de una empresa evaluadora.
La ASEH emitió entonces una opinión con salvedad sobre el desempeño de la Unidad de Planeación y Prospectiva.
En la revisión de la Cuenta Pública 2024, cuyos resultados fueron integrados en la tercera entrega publicada el 20 de febrero de 2026, la Auditoría revisó nuevamente operaciones de Planeación.
Uno de los casos correspondió al contrato de prestación de servicios 166/2024, de la partida “Estudios e Investigaciones”, para elaborar un estudio de opinión ciudadana relacionado con el Segundo Informe de Gobierno.
Inicialmente, la ASEH detectó falta de documentación comprobatoria y justificativa por 3 millones 68 mil 84 pesos, incluida evidencia sobre logística, reclutamiento, capacitación de personal, grupos focales y la realización de 6 mil encuestas. Posteriormente, Planeación entregó documentación complementaria y la observación económica fue atendida, por lo que ese monto no quedó pendiente de justificar. (Central MX Noticias)
Sin embargo, otras irregularidades permanecieron.
La Auditoría determinó deficiencias en el procedimiento de adjudicación y señaló que las aclaraciones presentadas por Planeación no atendieron totalmente las irregularidades.
También detectó inconsistencias en el cronograma de trabajos y, particularmente, que el proveedor había realizado actividades relacionadas con el estudio antes de que existiera un contrato vigente, es decir, antes de la formalización contractual.
Aunque Planeación presentó documentación para aclarar ese señalamiento, la ASEH determinó que la irregularidad no había sido atendida y emitió la recomendación correspondiente.
Gobierno: se miden procesos, pero no siempre resultados finales.
La Secretaría de Gobierno concentra uno de los conjuntos más amplios de programas del Ejecutivo.
Sus MIR 2026 incluyen Gobernabilidad y Gobernanza, Protección Civil y Gestión de Riesgos, Certeza y Seguridad Jurídica, Desarrollo Municipal, Población, Justicia para las Mujeres, Igualdad Sustantiva, Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Atención a Víctimas, Búsqueda de Personas Desaparecidas y Preservación de la Paz Social.
La principal carencia metodológica es que buena parte de sus indicadores permiten comprobar acciones administrativas, pero no necesariamente el resultado final de esas intervenciones.
Por ejemplo, canalizar oportunamente a una niña, niño o adolescente cuyo derecho fue vulnerado puede acreditar el cumplimiento de un procedimiento, pero ese dato por sí solo no permite saber si el derecho fue restituido, cuánto duró la atención o cuál fue el resultado posterior.
Lo mismo ocurre con indicadores relacionados con recomendaciones de derechos humanos: aceptar una recomendación es un acto institucional verificable, pero no necesariamente acredita que ésta haya sido cumplida integralmente ni que se haya corregido la causa que provocó la violación.
También existen indicadores sobre tiempos de respuesta en servicios registrales. Permiten medir eficiencia administrativa, pero no describen por sí mismos el desempeño global en gobernabilidad, atención a víctimas, protección civil o derechos humanos.
La amplitud de funciones de la Secretaría de Gobierno vuelve insuficiente cualquier evaluación basada exclusivamente en número de trámites, reuniones, canalizaciones o procedimientos realizados.
Infraestructura: metas limitadas y fichas con problemas técnicos.
La Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible cuenta para 2026 con programas relacionados con Infraestructura Pública, Gestión Sostenible del Territorio, Vivienda Asequible y Agua Potable y Saneamiento.
En esta dependencia aparecen indicadores cuyas propias metas muestran avances reducidos o presentan inconsistencias en su construcción.
Uno de ellos mide el porcentaje de población beneficiada mediante el rescate de espacios públicos.
La meta alcanza 20.06 por ciento en 2026, pero posteriormente disminuye a 19.42 por ciento en 2027 y 15.17 por ciento en 2028, aun cuando el indicador establece que su sentido debería ser ascendente.
En la misma ficha técnica, el apartado destinado a la fórmula no muestra claramente una operación matemática que permita reproducir el cálculo, sino texto descriptivo relacionado con la política pública.
Otro indicador sobre ordenamiento territorial establece como meta actualizar aproximadamente 17 por ciento anual de los instrumentos normativos, lo que refleja un ritmo gradual frente a las necesidades acumuladas de planeación urbana y territorial.
En agua y saneamiento, uno de los indicadores plantea pasar de una línea base de 9.44 por ciento a 9.49 por ciento en 2026, un incremento de apenas 0.05 puntos porcentuales.
Este tipo de metas no implica automáticamente incumplimiento, pero sí permite dimensionar el tamaño del avance programado frente al problema público que se pretende resolver.
En Infraestructura Pública, existen metas de crecimiento reducido e indicadores cuya documentación presenta inconsistencias internas, por lo que el cumplimiento porcentual debe contrastarse con resultados reales en territorio, saneamiento, ordenamiento urbano y acceso a infraestructura.
