Por La víctima señala acoso laboral y reducción salarial en la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo.
Una servidora pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) presentó una denuncia formal por presunto hostigamiento laboral, en la que señala actos y omisiones atribuidos a la presidenta del organismo, Ana Karen Parra Bonilla, así como al Oficial Mayor, Leandro Werner Gostchal Hernández.
El escrito, ingresado en el Congreso del estado, detalla que el 30 de enero fue convocada a una reunión en la Oficialía Mayor donde, señaló, se le notificó verbalmente su destitución como titular de la Dirección de Recursos Humanos, bajo el argumento de “inconsistencias en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de ejercicios fiscales anteriores”.
La denunciante sostiene que durante parte del periodo observado no ejercía el cargo que se le pretendía atribuir, por lo que rechazó firmar un acta administrativa.
En esa misma reunión, afirma, se le ofreció permanecer en la institución con una reducción salarial considerable, pasando de nivel 11B a 8A, con una reducción aproximada de 10 mil pesos mensuales.
Según el documento, tras aplicar descuentos comprometidos, su ingreso neto en la primera quincena de febrero habría sido de 453.03 pesos, situación que calificó como una afectación económica grave.
La servidora pública expone que aceptó la nueva condición ante la imposibilidad de quedarse sin empleo.
La denuncia también refiere que fue adscrita formalmente al Área de Coordinación de Archivos, aunque continuó desempeñando funciones sustantivas de Recursos Humanos sin el reconocimiento salarial correspondiente.
Asimismo, reporta retiro de personal de apoyo sin reemplazo, negativa para autorizar capacitación técnica necesaria para el cierre fiscal, sobrecarga de trabajo durante enero y respaldo informático del sistema de nómina sin previo aviso.
Entre los hechos señalados, menciona que laboró jornadas extendidas hasta las 20:00 horas durante la implementación del tabulador 2026, configuración del sistema de nómina y cálculo de ISR, así como la generación de movimientos, declaraciones y reportes financieros vinculados con la Auditoría Superior de la Federación.
La servidora pública fundamenta su denuncia en el artículo 1º constitucional, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Considera vulnerados su derecho a un ambiente laboral libre de violencia y hostigamiento, a la igualdad y no discriminación, al debido proceso, a condiciones equitativas de trabajo y a recibir salario proporcional a las funciones desempeñadas.
En el documento también se advierte que, tras la presentación de la denuncia, no se activó protocolo alguno de atención y acompañamiento, y que el funcionario señalado continuaba siendo su jefe inmediato.
Entre las peticiones formuladas se encuentran la admisión e investigación de la denuncia, la regularización de su nivel tabular conforme a las funciones efectivamente desempeñadas, el pago de diferencias salariales generadas desde el 3 de febrero de 2026 y la implementación de medidas para garantizar un ambiente laboral libre de hostigamiento dentro del organismo.
Esta denuncia se suma a la recientemente presentada por visitadores ante el Congreso local, la cual fue desestimada por Parra Bonilla debido a que, dijo, “es anónima” y busca solamente “desestabilizar a la Comisión”.
Sin embargo, el Congreso dio entrada a la investigación, como lo informó el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez.
Asimismo, la activista feminista y víctima de violencia vicaria con asilo político en Estados Unidos, Haidee Franco Moreno, informó que en el plazo de un mes, previa consulta con su equipo jurídico, podría presentar una denuncia en contra de Parra Bonilla por delitos de violencia institucional, abuso de autoridad y discriminación.
