Por El organismo interamericano documentó más de 128 mil personas desaparecidas hasta junio de 2025 y señaló “retos” en prevención, búsqueda, identificación humana, acceso a la justicia y reparación a víctimas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Desaparición de Personas en México”, en el que analiza los avances y desafíos de las políticas implementadas por el Estado mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones desde 2018, además de emitir 40 recomendaciones dirigidas a fortalecer las acciones de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.
El organismo indicó que la desaparición de personas en México constituye una grave crisis de derechos humanos. De acuerdo con el informe, al cierre de junio de 2025 se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas y estimaciones independientes calculaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar.
La CIDH señaló que, en gran medida, las desapariciones son atribuidas al crimen organizado; sin embargo, advirtió que las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales no han sido erradicadas por completo. El documento refiere casos en los que habrían existido vínculos entre organizaciones criminales y autoridades encargadas de seguridad, procuración de justicia y funciones políticas.
El informe establece que el fenómeno afecta a distintos sectores sociales y documenta condiciones particulares en las desapariciones de niñas, niños y adolescentes relacionadas con reclutamiento e involucramiento con grupos criminales; de mujeres y personas LGBTIQ+ por razones de género; de personas defensoras de derechos humanos y periodistas por las actividades que realizan; así como de personas migrantes debido a las condiciones de inseguridad en rutas de tránsito.
La Comisión identificó la prevención como uno de los principales retos frente a la desaparición y valoró la estrategia de seguridad pública aprobada en México en 2025, basada en una política de “atención a las causas”.
Avances y desafíos de las políticas implementadas por el Estado mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones desde 2018
En materia de justicia, el organismo señaló que persiste un alto nivel de impunidad, reflejado en la baja judicialización de casos y la limitada emisión de sentencias. Aunque reconoció avances recientes, como la judicialización de cerca de una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada durante el último año, consideró que estas acciones siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
El informe también expone desafíos relacionados con la alta carga procesal, deficiencias en procedimientos y fallas en las técnicas de investigación, entre ellas la falta de hipótesis y planes de investigación adecuados, así como problemas en la clasificación jurídica de los delitos. Además, documenta desincentivos y temor para denunciar, además de señalar que en diversos casos las familias asumen tareas de investigación.
Respecto a la búsqueda de personas, la CIDH reconoció el trabajo de colectivos y familiares de víctimas, aunque advirtió sobre riesgos y amenazas que enfrentan las personas buscadoras. También valoró la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020, pero señaló problemas persistentes de coordinación entre instituciones de búsqueda y procuración de justicia.
En cuanto a identificación humana, la Comisión consideró que los resultados han tenido una efectividad limitada y recomendó fortalecer los centros especializados mediante un enfoque masivo de identificación.
Sobre atención y reparación, el organismo destacó la creación de una dirección especializada de atención a colectivos y familiares de víctimas dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aunque señaló preocupaciones de organizaciones civiles por la capacidad operativa de las comisiones locales y los tiempos prolongados para acceder a apoyos inmediatos.
En el apartado de memoria y verdad, el informe destacó la creación de la comisión de la verdad para los hechos de la llamada “Guerra Sucia”, aunque identificó como obstáculo la falta de entrega de información por parte de instituciones militares.
Las recomendaciones de la CIDH incluyen medidas para evaluar estrategias de seguridad, fortalecer la búsqueda inmediata diferenciada, mejorar la investigación y sanción de responsables, implementar un enfoque masivo de identificación humana, garantizar interoperabilidad entre registros y bancos de datos, asegurar el acceso a apoyos económicos para familias buscadoras y promover acciones de memoria, verdad y justicia.
La Organización de los Estados Americanos recordó que la CIDH es un órgano autónomo encargado de promover y defender los derechos humanos en la región y reiteró su disposición para brindar asistencia técnica en la implementación de las recomendaciones emitidas.
