Por Los engaños de la Reforma Judicial
El oficialismo se empeña en contaminar el debate público y la información respecto de la Reforma Judicial y las medidas que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde el delirante, absurdo y de manipulador argumento del “golpe de Estado” hasta el grotesco, por estrafalario, de “carácter faccioso” asumiéndose como el supremo poder o “supremo poder conservador”.
Más allá de la demagogia, que es, per se, una degradación de la democracia cimentada en la más barata de las lisonjas, la batalla jurídica tiene sustento constitucional.
Las intervenciones de la y los ministros Luis María Aguilar, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Javier Laynez son ejemplo de argumentación jurídica.
Los de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron una complicación de las frases propagandísticas y lugares comunes del lopezobradorismo.
El proyecto elaborado por la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone admitir la consulta planteada por un grupo de juzgadores, al considerar que el máximo tribunal puede dar entrada a la consulta basada en el Artículo 11 de la Constitución Política.
El objetivo de la consulta que se aprobó con ocho votos a favor y tres en contra, es determinar el procedimiento a seguir para atender la solicitud presentada por personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que, a través de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte realice un “control constitucional”, relacionado con la reforma judicial.
El término de “control constitucional” prendió, encendió la inverecundia iracunda del aparato propagandístico del oficialismo.
Sin razón de ser, pues el término es, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un simple conjunto de recursos jurídicos que se utilizan para verificar si los actos emitidos por las autoridades se ajustan a la Constitución.
Ni se asumen como un supremo poder ni buscan tomar el fusil jurídico para un golpe de Estado, ejercen su facultad constitucional.
Nada más. Nada menos.
Dice la Corte: la consulta a trámite resuelta en ningún modo prejuzga sobre la procedencia definitiva ni sobre el alcance que pueda llegar a tener la resolución que se dicte en el expediente principal de la controversia.
Es decir, sobre lo fundado o no de los argumentos y reclamos expuestos por los promoventes de la solicitud original.
Desde el Senado, con no solo desconocimiento sino, más bien, perversidad argumentativa, Gerardo Fernández Noroña acusó que la SCJN pretende “atropellar al Constituyente Permanente”; como “facciosa” la actitud del máximo tribunal de la nación por “tomar decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas”.
Esa percepción se derrumba sin remedio con solo ver la sesión de la Corte y las intervenciones de las y los Ministros.
Claro, si es que la intención sea compaginar los argumentos para llegar a una conclusión jurídica.
Pero el objetivo es convalidar y concluir el berrinche del expresidente López Obrador.
Ese que llevará al Estado mexicano a un brete de dimensiones cataclísmicas, al momento de tener que elegir juzgadores.
Berrinches costosos, y esto.
**Las expresiones contenidas en estas líneas, no representan la postura editorial de CentralMX, simplemente son señalamientos recogidos de los pasillos de los edificios públicos y en redes sociales.
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