Por Con 25 votos a favor y cinco en contra, el Congreso del estado de Hidalgo avaló el dictamen que reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además, la 66 legislatura aprobó, por unanimidad, la minuta enviada por el Senado de la República que adiciona y deroga al artículo 2 de la Constitución Política de México en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas.
El 24 de septiembre pasado, 128 votos a favor, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que promueve la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en las decisiones que afectan sus territorios y recursos.
Los cambios al artículo 2 de la Constitución Política fortalecen el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, lo que implica su capacidad de definir su propio destino, sus formas de gobierno, administración de sus territorios y recursos naturales, y la preservación de sus culturas e idiomas.
Con el dictamen, avalado por unanimidad por el pleno senatorial, este derecho no es meramente simbólico, sino un instrumento para garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas puedan decidir sobre los asuntos que afectan sus vidas, sin la intervención paternalista del Estado.
De esta manera, en lugar de imponer soluciones externas, el Estado se convierte en un facilitador que respeta y promueve las decisiones y estructuras internas de este sector de la población.
La reforma constitucional sienta las bases para la implementación de políticas públicas con una perspectiva intercultural y de género. Esto es fundamental para asegurar que las mujeres indígenas, quienes han sido doblemente marginadas por su género y origen étnico, también puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad.
Un día después, luego de casi nueves horas de debate, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional para consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personas militar con formación policial, dependiente del ramo de Defensa Nacional.
Previo a la votación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el dictamen es una oportunidad para profesionalizar el trabajo de las instituciones implicadas en garantizar la seguridad pública.
En lo general, la asamblea respaldó sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; y 42 en contra del PRI, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
Previamente, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares en contra del dictamen, porque consideraron que “la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país”.
Las reformas constitucionales fueron aprobadas en lo general y en lo particular y remitida a las legislaturas estatales.
Finalmente, el pleno de la legislatura local aprobó la directiva que encabezará los trabajos para el mes de octubre.
