Por Juez dará respuesta al Congreso del Estado de Hidalgo para que tome decisiones
En entrevista, Rebeca Stella Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, respecto a la aclaración de la situación legal del presidente municipal de Calnali, respondió que, ante la solicitud de información realizada por el Poder Legislativo local, “nosotros no somos personalmente la autoridad adecuada porque nuestras funciones no son jurisdiccionales, entonces, dimos respuesta a este oficio, de manera muy respetuosa, para hacerles mención que quien debería responder esta cuestión es el juez que está llevando el asunto”.
En este momento, dada las circunstancias que tiene hay una suspensión que va a operar en este tiempo y por eso se ha estado deteniendo, porque a partir de ello se verá cuál es la cuestión que se lleve a cabo del delito que se está juzgando en este momento”.
Rebeca Stella Aladro Echeverría
Aladro Echeverría afirmó que la contestación al Congreso del Estado de Hidalgo se dio hace cuatro o cinco semanas, pero “el oficio de acuerdo a la situación jurídica, que se lleve a cabo por el procedimiento, el juez podrá contestarlo ya con una situación más tangible, más absoluta de acuerdo con las situaciones que se dan”. Señaló que se encuentra en receso, del término que se da por ley de seis meses, por lo que cuando se tengan las condiciones, el juez informará al Legislativo estatal para que tome la decisión que juzgue pertinente.
Ya en breve, en poco tiempo (ya es una cuestión de dos o tres meses, que pueda vencer este término que la ley establece y ya el juez podrá dar una respuesta, digamos más certera, de cómo están las condiciones para que en base a eso el Poder Legislativo ya tome la decisión que deba resolver”
Rebeca Stella Aladro Echeverría
Actuación del Poder Judicial
Afirmó que el Poder Judicial mantiene transparencia en su actuación y se rige bajo el principio de austeridad, al tiempo de afirmar que se procura no exceder los gastos en sus procedimientos ya que el presupuesto no es tan grande y afirmó que se requiere un mayor presupuesto; sin embargo, reiteró que se reconocen las necesidades que existen en la entidad.
Aseguró que, con la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se requiere para su ejecución recursos por 500 millones de pesos, lo que implica infraestructura, creación de nuevas áreas, salas de oralidad, así como jueces. “Es una situación que nos preocupa mucho, pero que también sabemos que esto va a ser paulatinamente, entonces consideramos que el presupuesto que nosotros hemos planteado es lo mínimo indispensable”, puntualizó.
