Por -No existe legislación ni iniciativas públicas emanadas de los resultados de la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicana 2022
El Congreso del Estado de Hidalgo gastó casi 10 millones de pesos en la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicana 2022 de la cual aún no se presentan iniciativas para modificar el marco normativo, objeto de dicha consulta.
De acuerdo con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la LXV Legislatura de la entidad debió reponer la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicana, toda vez que la realizada en 2019, careció de sustento jurídico.
SIN RESULTADOS LEGISLATIVOS
Con base en lo estipulado, la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicana tiene por objeto armonizar disposiciones de la constitución local con la federal, además de adicionar y reformar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Hidalgo y de la Ley Orgánica Municipal, en materia de derechos político-electorales de pueblos, comunidades y personas originarias.
Sin embargo, en el micrositio de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (congreso-hidalgo.gob.mx)) que encabeza el representante partidista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Martínez Gómez, no informa cuáles son las reformas impulsadas a través del citado instrumento, las cuales no se han elaborado.
En el portal alojado dentro de la página oficial del Congreso Estatal, sólo muestra un resumen técnico y de resultados de las personas consultadas, los lugares a los que se acudió y las inquietudes de los habitantes, pero no detalla las propuestas para armonizar el marco normativo en la materia de participación de pueblos y comunidades indígenas, finalidad del ejercicio.
Hasta el momento, y luego de siete meses que arrancó la consulta, no se ha realizado ninguna adecuación legislativa.
GASTO
Para la consulta, la Legislatura que presidió en su primer año el coordinador de la bancada de Morena, Jorge Hernández Araus, emitió la Licitación Pública Nacional número CELSH-CAASSP-LP-003-2022 para su realización.
De dicho fallo, resultó beneficiada la única propuesta realizada por una empresa con sede en la Ciudad de México denominada “SEAP Consultores S.C.” por un monto total de 9 millones 720 mil 800 pesos, que ya incluye el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
Esta no es la primera licitación pública que SEAP Consultores S.C., representada por Mariana González Morales, obtiene del Poder Legislativo, en septiembre de 2021, el director general de Servicios Administrativos del Congreso local, Rodrigo José Sánchez Cuevas, singó otro contrato con la mencionada empresa.
CONSULTORA CONSENTIDA
De acuerdo con la autorización FP-CPF.01-0115/2021, Sánchez Cuevas entregó por adjudicación directa a SEAP Consultores S.C. el monto de 98 mil 600 pesos para la realización del “Ciclo de Conferencias para el curso de Asesoría Especializada para conocer los componentes del proceso aplicable a la planeación, programación y presupuesto público en el ámbito de las entidades federativas, haciendo énfasis en el estado de Hidalgo”.
CONTEXTO
En marzo de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del Tribunal Pleno, invalidó el decreto 204 por el que se reformó el artículo 5° de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
El decreto citado, impulsado en la entonces Legislatura que encabezó el morenista Ricardo Raúl Baptista González, reconocía los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas a la protección y promoción de su patrimonio cultural, a elegir conforme a sus normas a las autoridades que los representan para el ejercicio de sus formas de gobierno, así como el derecho de acceso a cargos públicos y de elección popular.
Este no fue el único decreto que la SCJN invalidó al Congreso de Hidalgo, también lo hizo con el 203 que realizaba adecuaciones al Código Electoral de la entidad, pues la Corte Suprema consideró que la convocatoria para la consulta de dichas adecuaciones, era ineficaz y vulneró los derechos de los pueblos originarios.
Asimismo, con el decreto 209 respecto de la iniciativa presentada por la morenista Lucero Ambrocio Cruz, con la que se modificaba la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el estado de Hidalgo por considerar que no se respetó el derecho de las comunidades y pueblos indígenas de verter su opinión al respecto.
Cabe mencionar que centralnoticiasmx.com buscó a personal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para saber de dichos resultados, pero no se logró tener contacto con ellos.
