Por A cinco años de la tragedia, la FGR abrió investigaciones por homicidio culposo, corrupción y posibles omisiones de servidores públicos; también se promovieron reclamaciones contra Conagua.
A un lustro de la inundación que azotó Tula en septiembre de 2021, no existe constancia pública de que alguna autoridad haya sido condenada penalmente, inhabilitada o declarada mediante sentencia firme responsable de la tragedia, pese a las denuncias, investigaciones y reclamaciones promovidas desde entonces.
La inundación dejó un saldo de 17 personas fallecidas, cerca de 10 mil damnificados y más de dos mil viviendas afectadas en Tula y comunidades de la región.
De acuerdo con el estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México denominado Corriente Alterna, el desastre tuvo su origen en el Valle de México, aproximadamente 70 kilómetros antes de Tula, luego de que intensas lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México saturaron los sistemas de desagüe metropolitanos, cuyo destino final se encuentra en el Valle del Mezquital, Hidalgo.
El estudio documentó que la Comisión Nacional del Agua activó el Protocolo de Operación Conjunta del Drenaje Profundo del Valle de México, mediante el cual se incrementó la descarga de aguas residuales a través del Túnel Emisor Central y el Túnel Emisor Oriente.
Como consecuencia, el río Tula recibió un volumen extraordinario de agua, duplicó su caudal y finalmente se desbordó.
La investigación universitaria abrió además la discusión sobre las decisiones adoptadas para desfogar el Valle de México y evitar afectaciones mayores en la zona metropolitana, mientras el volumen de agua descargado terminó concentrándose aguas abajo, en Hidalgo.
Tras los hechos, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante la inundación, particularmente las registradas en el Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
También se inició una carpeta vinculada con posibles actos de corrupción, negligencia u omisiones de servidores públicos.
En noviembre de 2021 fue presentada además una denuncia ante la FGR en la que se solicitó investigar la actuación de funcionarios federales, estatales y de organismos responsables del manejo hidráulico y de protección civil.
Entre los posibles delitos señalados entonces se encontraban homicidio culposo, lesiones y ejercicio indebido de la función público.
Las investigaciones incluyeron señalamientos hacia áreas de la Comisión Nacional del Agua y autoridades relacionadas con el manejo del sistema de drenaje del Valle de México, aunque la sola presentación de una denuncia no implica responsabilidad penal.
En paralelo, particulares afectados promovieron reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado contra Conagua, al considerar que existieron omisiones en materia de prevención, mantenimiento, infraestructura y manejo del sistema hidráulico.
Al menos uno de esos procedimientos llegó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa después de que Conagua declaró improcedente una solicitud de indemnización.
Sin embargo, hasta este 7 de septiembre de 2026 no existe información pública que permita sostener que alguno de esos procedimientos haya concluido con una sentencia firme que condene a una autoridad por haber provocado, permitido o agravado la inundación.
Tampoco existe constancia pública de servidores públicos procesados y condenados penalmente por las 17 muertes o por los daños causados a miles de habitantes.
En el caso del IMSS, el Órgano Interno de Control investigó la actuación del personal que se encontraba de turno durante la emergencia y determinó que 67 trabajadores no incurrieron en responsabilidad administrativa.
Así, un lustro después de la tragedia, las investigaciones, denuncias y litigios han documentado posibles responsabilidades y decisiones relacionadas con el manejo de las aguas provenientes del Valle de México, pero hasta ahora no existe una condena pública contra alguna autoridad por la inundación que marcó a Tula en septiembre de 2021.
