Por Investigador señala caída de 22% en solicitudes de información y alerta debilitamiento de controles institucionales tras desaparición del INAI.
La reciente reforma federal en materia de transparencia ha estado acompañada de una disminución de 22 por ciento en las solicitudes de acceso a la información pública, situación que refleja un aumento en los riesgos de opacidad, advirtió Alfredo René Uribe Manríquez, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El académico del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) analizó la nueva disposición federal, vigente desde el pasado 5 de agosto, y sostuvo que no representa una mejora sustancial frente a la legislación ya existente en materia de transparencia y acceso a la información.
Explicó que los principales cambios consisten en reducir de tres meses a uno el plazo para publicar determinada información y en concentrar disposiciones en el sector energético, particularmente en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, Uribe Manríquez consideró que la reforma no resuelve problemas de fondo y, por el contrario, mantiene redundancias jurídicas y debilita los mecanismos de vigilancia institucional.
El investigador señaló que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el traslado de sus funciones a otras instancias reducen los márgenes de autonomía de los organismos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información.
Entre los aspectos positivos de la nueva normativa, mencionó la obligación de hacer públicos documentos relevantes del sector energético, como estados financieros y programas de fiscalización. No obstante, advirtió que persisten problemas relacionados con la reserva de expedientes, la independencia de los órganos revisores y una menor exigencia hacia las entidades federativas.
También señaló que la reforma puede generar duplicidad de funciones y que su impacto ha sido principalmente mediático, sin traducirse necesariamente en mayores condiciones de apertura gubernamental.
Uribe Manríquez sostuvo que el nuevo esquema institucional ha vuelto más complejo el ejercicio del derecho a saber, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de revisión, vigilancia y rendición de cuentas para evitar un mayor avance de la opacidad.
