Tribunal electoral se declara “incompetente” en caso contra Noroña; Grecia Quiroz acusa discriminación.

Tribunal electoral se declara “incompetente” en caso contra Noroña; Grecia Quiroz acusa discriminación.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, manifestó su inconformidad luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán se declarara “incompetente” para resolver el Procedimiento Especial Sancionador que promovió contra el senador Gerardo Fernández Noroña, a quien acusa de acoso, misoginia y violencia política en su contra.

De acuerdo con la resolución impulsada por la magistrada Yurisha Andrade, y respaldada por los magistrados Adrián Hernández y Eric López, el órgano jurisdiccional determinó que la denunciante no cuenta con derechos político-electorales en este caso, debido a que su cargo no fue obtenido mediante elección popular, sino por designación del Congreso estatal.

Ante esta decisión, Quiroz calificó el fallo como una “aberración jurídica” y una forma de discriminación institucional, al considerar que se le exigen las obligaciones del cargo público, pero se le niega el acceso pleno a la justicia para defenderse de agresiones.

La funcionaria también señaló como grave que durante la discusión se hicieran referencias a posibles presiones del Senado, lo que, afirmó, pone en duda la independencia del tribunal y el compromiso con la protección de los derechos de las mujeres.

En contraste, reconoció la postura de las magistradas Alma Bahena Villalobos y Ameli Gisell Navarro Lepe, quienes votaron en contra del proyecto al considerar que sí existían elementos para conocer del caso.

Quiroz sostuvo que existe una “equivalencia funcional” en el ejercicio del cargo público, por lo que, dijo, debe contar con las mismas garantías legales independientemente del origen de su nombramiento.

Finalmente, anunció que impugnará la resolución ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de revertir el fallo y sentar un precedente en materia de protección contra la violencia política de género.

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