Por Jorge Valverde advirtió que, si no se reintegran los recursos observados, la Auditoría estará en condiciones de iniciar un proceso penal; descartó responsabilidad del exgobernador Omar Fayad.
Después de más de dos años de investigaciones, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) concluyó las indagatorias relacionadas con irregularidades por más de 59 millones de pesos atribuidas a la exsecretaria de Finanzas estatal, Jessica Blancas Hidalgo, y se encuentra en la etapa previa a la eventual presentación de acciones penales si los recursos no son reintegrados.
El auditor superior del estado, Jorge Valverde Islas, informó que los procedimientos de investigación ya fueron concluidos y sostuvo que las responsabilidades detectadas recaen directamente en la exfuncionaria y en personal administrativo de la dependencia que encabezó durante el gobierno anterior.
“No se le atribuye la responsabilidad”, señaló Valverde al referirse al exgobernador Omar Fayad Meneses, bajo el argumento de que el exmandatario no firmó los contratos investigados. “Esa parte es directamente a Jessica Blancas y a sus administrativos”, afirmó.
El caso ha permanecido bajo revisión de la ASEH durante más de dos años y ha estado acompañado de señalamientos públicos sobre el destino de los recursos observados. En diciembre pasado, el propio auditor reveló que Omar Fayad acudió a Hidalgo y manifestó su respaldo a Jessica Blancas en torno al procedimiento que enfrentaba ante el órgano fiscalizador.
Valverde explicó ahora que, una vez agotada la investigación, la ASEH podrá avanzar hacia la vía penal en caso de que no se produzca el reintegro de los más de 59 millones de pesos observados. La conclusión de esta etapa, por tanto, no implica el cierre definitivo del expediente, sino el paso hacia una posible judicialización.
En otro tema, el auditor llamó a los 84 ayuntamientos de Hidalgo a preparar desde ahora sus procesos de entrega-recepción ante el relevo de administraciones municipales previsto para el próximo año, al advertir que la integración de expedientes, inventarios, archivos, estados financieros y documentación comprobatoria constituye una obligación legal.
Indicó que los Lineamientos de Entrega Recepción publicados en el Periódico Oficial del Estado establecen las responsabilidades de las autoridades salientes y pidió evitar que los municipios esperen hasta los últimos meses de gestión para regularizar información, actualizar inventarios o comprobar el ejercicio de los recursos públicos.
Valverde señaló que una entrega-recepción adecuada debe contener información completa sobre bienes muebles e inmuebles, personal, presupuestos, cuentas bancarias, contratos, archivos, obras y programas en ejecución, con el propósito de que las nuevas administraciones puedan asumir funciones con certeza jurídica y sin afectar la prestación de servicios públicos.
