Por La Magistrada presidenta Rebeca Aladro destaca avance en justicia administrativa y consolidación institucional en el estado.
Durante la presentación del Tercer Informe de Actividades del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, afirmó que la entidad registra avances en la consolidación de la justicia administrativa, reflejados en el incremento de resoluciones y en la capacidad institucional para atender la demanda ciudadana.
En el acto realizado en el Auditorio Benito Juárez del Poder Judicial, la magistrada subrayó que en segunda instancia el número de resoluciones emitidas superó al de los recursos promovidos, lo que, dijo, representa una contribución directa a la generación de certeza jurídica.
“Los resultados confirman que este tribunal ha acompañado el proceso de transformación con eficacia y responsabilidad, en un contexto de incremento de asuntos fiscales, administrativos y de responsabilidades”, señaló.
Por su parte, el magistrado presidente del TJA, Salvador Domingo Franco Assad, informó que durante el periodo 2025-2026 se registraron mil 513 demandas en las cuatro salas unitarias: mil 414 en materia administrativa, 22 en materia fiscal y 77 relacionadas con responsabilidades administrativas.
En primera instancia, el tribunal emitió más de mil 500 sentencias, entre definitivas e interlocutorias, además de realizar acuerdos, audiencias, notificaciones y tramitar juicios de amparo.
Respecto a la segunda instancia, el Pleno recibió 121 recursos de revisión y resolvió 135 asuntos, además de emitir 135 sentencias, en su mayoría confirmatorias, lo que evidencia la solidez jurídica de las resoluciones emitidas en primera instancia.
La magistrada Aladro Echeverría destacó que la justicia administrativa tiene impacto directo en la vida de las personas, al incidir en patrimonios, actividades económicas y derechos, por lo que su impartición debe ir más allá de la aplicación normativa.
Asimismo, resaltó la incorporación de mecanismos alternos de solución de controversias en materia administrativa, los cuales, dijo, permiten agilizar la resolución de conflictos, reducir costos y fortalecer la función jurisdiccional.
