Por Por aniversarios no paramos: Jessica Blancas, apuesta por la desmemoria.
Otro año a la basura.
Ha pasado ya un año y el expediente de Jessica Blancas en la Auditoría Superior del Estado (ASEH) parece haberse convertido en uno de esos que envejecen cómodamente en los cajones oficiales.
Lo que se presentó como una investigación por casi 60 millones de pesos no solventados continúa sin denuncia penal, mientras la ASEH mantiene el caso “en análisis”.
El tiempo pasa y la pregunta permanece: ¿cuánto necesita investigar la autoridad para decidir si denuncia o archiva?
La explicación ofrecida entonces por el auditor Jorge Valverde Islas resultaba jurídicamente conveniente: existen hasta siete años para fincar responsabilidades y, por tanto, no había prisa.
Pero precisamente ahí está el problema político. Una cosa son los plazos que permite la ley y otra muy distinta convertirlos en un refugio institucional. O en un acuerdo político.
Cuando existen señalamientos de esta magnitud contra quien manejó las finanzas estatales durante el gobierno de Omar Fayad, la lentitud también comunica. Igual que las declaraciones de Navor Rojas.
Jessica Blancas ha sido mencionada públicamente en investigaciones y señalamientos relacionados con irregularidades por cientos de millones de pesos y con la llamada “Estafa Siniestra”; sin embargo, su situación contrasta con la velocidad y exposición con que otros exfuncionarios y exalcaldes enfrentaron investigaciones.
Hasta ahora, no existe una resolución que establezca su responsabilidad por estos señalamientos, pero tampoco una explicación suficientemente contundente sobre por qué su expediente parece avanzar a una velocidad distinta.
Y así, entre información adicional, análisis jurídicos y plazos de siete años, la ASEH y el gobierno estatal enfrentan inevitablemente la percepción de estar apostando al desgaste público del caso.
Quizá esperan que Hidalgo olvide. Que los casi 60 millones de pesos observados dejen de ser noticia y que Jessica Blancas desaparezca de la conversación pública.
El problema para cualquier gobierno que hizo de la lucha contra la corrupción una bandera es sencillo: la memoria ciudadana también fiscaliza.
Y sí: aquí seguiremos recordando.
