Por Consulta indígena: Investigaciones interminables
Como ya se informó en este espacio, el 18 de septiembre pasado, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Andrés Velázquez Vázquez, confirmó que hay una investigación de la administración de recursos que hizo la legislatura pasada.
Con genuino interés, el diputado presidente confirmó que se trata de una investigación seria, para saber qué pasó, cómo se aplicó y sobre todo qué pasará con los cerca de 10 millones de pesos que la legislatura que le precedió.
En una reunión que sostuvo con el auditor superior, Jorge Valverde, Andrés Velázquez precisó que hablaron principalmente de las observaciones realizadas a la anterior Legislatura, por cerca de cinco millones de pesos, cuando el exdiputado Jorge Hernández Araus fue presidente de la Junta de Gobierno, lo cual ya, casi por arte de magia, quedó solventado para que pueda tomar posesión como alcalde de Cuautepec.
El otro punto, el recurso ejecutado en la consulta indígena de la 65 Legislatura, en la que se gastaron esos casi 10 millones de pesos y fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diputado priísta, integrante también de la Junta de Gobierno, Marco Antonio Mendoza, confirmó ayer que aún no se llega a ese punto, el de investigar qué pasó con ese recurso público asignado a una empresa privada que no cumplió con lo que se le adjudicó.
Mendoza confiesa que “estamos haciendo la ruta para el cumplimiento de la sentencia”, lo cual es positivo, para por fin cumplir con lo ordenado por la corte y hacer la consulta como debe ser.
Con poca convicción, reconoce que todo gasto público debe revisarse, máxime si la Corte ya señaló que la consulta no se realizó como corresponde.
En el mismo tenor, confirmó que no han llegado al punto de abrir una investigación en contra de los integrantes de la anterior legislatura por la pérdida de los poco más de 12 millones de pesos, pero abrió la posibilidad de hacerlo.
Como el presidente hace tres meses.
Si no hay forma de, no digamos sancionar, sino conminar a la empresa y a los involucrados, también debería reconocerse en un ejercicio de sana transparencia.
Si lo hay, y por algún motivo, razón o compromiso no se “puede”, es obligación de la oposición externarlo.
Huelga recordar que los involucrados, todos, Hernández Araus, Valera Piedras y Leines Medécigo, terminaron “del lado correcto de la historia”.
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