-La buena fe no supone la no exaustividad en la revisión de los documentos.
–Por Osvaldo Arechiga
Representantes del PAN, PRI y PT, ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), solicitaron flexibilidad a dicha instancia para las acciones afirmativas (personas con discapacidad, auto descripción indígena y migrantes), interesadas en ocupar un cargo de elección popular.
Víctor Hugo Sánchez Rivera, representante propietario del PAN, aseguró que se han encontrado con dificultades en el caso de personas con discapacidad y para demostrar su autoadscripción indígena, por lo que consideró que no es valido que se queden callados.
Mencionó que en el caso de los ayuntamientos les harán observaciones, por lo que será complicado que las asambleas comunitarias se realicen en dos o tres días, tiempo que dará el IEEH para solventar la autoadscripción indígena.
“Lamentablemente nos hemos encontrado que en lugar de incentivar y propiciar la participación de ciudadanos, que quieran integrar una planilla a una candidatura, genera un desánimo”, señaló el representante propietario del PAN.
Respecto al tema de ciudadanos migrantes, indicó que se han encontrado con la observación de que los documentos presentados tienen que ser de un traductor certificado, por lo que pidió que para futuras reglas de postulación, se indique las instancias o personas para dar validez a los papeles que se solicitan en los registros.
Sobre los temas referidos, Federico Hernández Barros, representante propietario del PRI, manifestó que existen una serie de elementos que se han complicado a las personas, por lo que solicitó que se tenga la flexibilidad por parte del órgano electoral.
“El instituto debe partir de la base de que es un organismo de buena fe y los partidos políticos estamos actuando de esa manera”, aseveró Hernández Barros.
Señaló que cuando las personas con discapacidad se acercan a las instituciones de salud pública, los machotes o los documentos que se expiden para certificar una condición de discapacidad permanente, se encuentran con que no cumplen con los términos que establecen las reglas inclusivas.
En el tema indígena afirmó que en muchas localidades se le está dando un costo a la tramitación de estas actas (certificados de autoadscripción indígena), lo que complica mucho la posibilidad de que los ciudadanos obtengan esos documentos.
“Por lo que insisto en que el instituto debe de ser una institución de buena fe, partir de la confianza a los ciudadanos y si hay una controversia ya habrá los medios correspondientes para ser señalados”, sostuvo.
El representante suplente del PT, Francisco Javier León Castillo, indicó que necesitan, como instituto, ampliar el principio de buena fe, por lo que respaldó que sean lo más flexibles posible, con este tipo de condiciones.
José Guillermo Corrales Galván, consejero electoral, puntualizó que la actividad de buena fe no supone la no exaustividad en la revisión de los documentos; ya que han existido casos, en procesos electorales anteriores, en los que hubo postulaciones de mala fe para cumplir acciones afirmativas de personas que no pertenecían a ese grupo.
“Tenemos la obligación de ser exhaustivos en su revisión y cumplimiento, lo vamos a hacer, pero siendo sensibles y atendiendo las particularidades en cada caso”, confirmó.
Finalmente, la consejera presidenta, María Magdalena González Escalona, mencionó que revisarán responsable y minuciosamente pero, sobre todo, apegada a la legalidad, ya que requiere de toda su concentración para ello; al mismo tiempo consideró que los comentarios ayudan a enriquecer el trabajo del instituto electoral.