Por La iniciativa plantea crear sistemas obligatorios de registro, notificación y seguimiento para reducir omisiones y agilizar la atención a víctimas.
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Luna Islas, presentó una iniciativa para reformar el artículo 26 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de fortalecer la actuación de las instituciones públicas ante casos de violencia de género.
La legisladora explicó que la propuesta busca atender el incremento de casos de violencia familiar y lesiones dolosas en la entidad, además de reducir la brecha entre las obligaciones previstas en la ley y su aplicación por parte de las autoridades.
De acuerdo con la iniciativa, aunque la legislación vigente establece la obligación de las y los servidores públicos de denunciar hechos de violencia contra mujeres y niñas, persisten omisiones y retrasos derivados de la falta de protocolos y mecanismos operativos, lo que puede generar revictimización y obstaculizar el acceso a la justicia.
La reforma propone que la denuncia deje de depender únicamente del criterio individual de los funcionarios y se convierta en parte de un sistema institucional de actuación inmediata. Para ello, plantea que las dependencias estatales y municipales implementen mecanismos unificados de registro, notificación expedita y seguimiento de los casos detectados.
Asimismo, contempla la capacitación permanente y obligatoria del personal público en materia de perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad, con el propósito de fortalecer la identificación temprana de conductas constitutivas de violencia y mejorar la atención a las víctimas.
La iniciativa también propone reforzar la coordinación entre instituciones para agilizar la activación de medidas de protección y establecer responsabilidades administrativas o penales en casos de negligencia u omisión por parte de los servidores públicos.
Claudia Luna Islas señaló que la propuesta busca fortalecer el marco jurídico estatal para mejorar la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres y garantizar una actuación oportuna de las autoridades cuando se detecten situaciones de riesgo.
