Por En México se ha establecido la práctica de utilizar el sistema penal de manera arbitraria contra quienes denuncian violaciones a derechos humanos, las investigan y acompañan a las víctimas en su búsqueda de justicia. Así lo advierte Amnistía Internacional México en su informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”.
El informe documenta los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes fueron objeto de investigaciones indebidas y espionaje por parte del Estado mexicano bajo acusaciones de delincuencia organizada y secuestro.
Estas acciones se llevaron a cabo sin pruebas suficientes que relacionaran a las tres defensoras con los delitos mencionados. La investigación y el espionaje ocurrieron mientras trabajaban para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011.
Aunque la investigación y el espionaje datan de 2016, aún se desconoce si continúan. Esta incertidumbre, mantenida durante ocho años, ha dejado a las defensoras en una situación de indefensión, bajo la amenaza constante del uso indebido del sistema de justicia y la falta de garantías del debido proceso.
“Desde Amnistía Internacional hemos advertido con alarma y en diversas ocasiones, que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos. En este contexto, el caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático por la forma en que el Estado mexicano usa el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La responsabilidad del espionaje y la investigación recae en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR). Estas acciones se realizaron sin notificar a las defensoras sobre las acusaciones en su contra.
A pesar de las violaciones a sus derechos a la privacidad, libertad de expresión, defensa de derechos humanos, no discriminación y debido proceso, ninguna de las tres ha obtenido justicia ni reparación. Además, han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerró inicialmente la queja interpuesta por ellas sin un análisis adecuado, reabriéndola solo tras un amparo y múltiples intervenciones. Mientras tanto, las violaciones a derechos humanos en San Fernando siguen impunes, sin ninguna sentencia hasta la fecha.
