Por El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) sancionó a la presidenta municipal de Progreso de Obregón, Lorena Estrada Flores, por incumplir requerimientos judiciales, y al regidor Armando Cuenca Monroy, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de otra integrante del Ayuntamiento.
Durante sesión del pleno, los magistrados determinaron imponer una amonestación pública a la alcaldesa Estrada Flores, debido a que no atendió requerimientos formulados por el órgano jurisdiccional relacionados con juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El magistrado presidente del TEEH, Leodegario Hernández Cortez, explicó que la sanción tiene como propósito advertir a las autoridades municipales que el incumplimiento de las determinaciones del Tribunal genera consecuencias legales.
Los procedimientos tienen su origen en inconformidades de integrantes del Ayuntamiento de Progreso de Obregón, quienes denunciaron presuntas omisiones que vulneran sus derechos político-electorales, durante el periodo en que la presidenta municipal presentó su informe de actividades.
En otro asunto, el pleno del Tribunal determinó que el regidor Armando Cuenca Monroy incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género al realizar expresiones que desacreditaron la capacidad de una regidora, cuestionaron su autonomía y menoscabaron el ejercicio de su cargo público mediante alusiones a su vida privada.
Los hechos ocurrieron durante 2025, cuando se compartieron publicaciones de carácter personal en un grupo de WhatsApp utilizado para tratar asuntos relacionados con el funcionamiento del Ayuntamiento.
El órgano jurisdiccional consideró que estas conductas constituyeron violencia política en razón de género, al afectar el ejercicio de las funciones públicas de la regidora.
De esta manera, el TEEH resolvió dos procedimientos relacionados con el Ayuntamiento de Progreso de Obregón: uno por incumplimiento de requerimientos judiciales y otro por violencia política contra las mujeres en razón de género.
