Por Nuevas medidas golpearían el consumo de millones de familias
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) emitió una enérgica voz de alerta ante las nuevas medidas promovidas por el gobierno de Estados Unidos para restringir y controlar el envío de dinero hacia México. La organización advirtió que esta iniciativa representa un golpe directo a la economía de millones de hogares que dependen de estos recursos para sufragar gastos esenciales de alimentación, salud y educación.
La propuesta busca limitar el acceso al sistema financiero formal a los migrantes sin residencia legal en el país vecino. Según estimaciones de especialistas, estas reglas operativas —que entrarían en vigor entre septiembre y octubre de este año— podrían provocar una reducción de hasta 20% en el flujo formal de envíos.
El riesgo latente: Mercado informal y fraudes
De acuerdo con la narrativa de la ANPEC, esta política antimigratoria, lejos de frenar el fenómeno social, obligará a los trabajadores a buscar alternativas de traslado de efectivo fuera del margen legal.
“En ANPEC alertamos que una parte importante de ese flujo económico buscará nuevas formas de envío mediante intermediarios, conocidos como ‘shuttles’, mecanismos alternativos que cobrarán comisiones más altas y abrirán la puerta a fraudes, robos y abusos contra los trabajadores migrantes y sus familias”, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la asociación.
Durante 2025, México registró un ingreso histórico de más de 61 mil millones de dólares en remesas. Entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit y Guanajuato sostienen su dinámica interna gracias a estos fondos, por lo que una baja en el flujo impactará de inmediato el consumo popular y amenazará la permanencia de miles de pequeños comercios tradicionales que se verían orillados a bajar la cortina.
Geopolítica y la presión por el TMEC
El líder de la ANPEC contextualizó que este endurecimiento financiero responde a una estrategia política en la que el gobierno estadounidense utiliza a los connacionales como un recurso retórico ante el descontento social por la inflación y el encarecimiento de la vida en su propio territorio, justificando la persecución de agencias como el ICE.
A este complejo panorama se añaden dos factores críticos en la agenda bilateral:
- Seguridad y soberanía: El endurecimiento de la narrativa de seguridad que pretende catalogar a organizaciones criminales como terroristas para justificar acciones directas de agencias norteamericanas en territorio mexicano.
- Futuro comercial: Las tensiones en medio de la compleja renegociación del TMEC, proceso que podría extenderse hasta finales de año y donde Estados Unidos busca imponer ventajas en sectores clave como la industria automotriz, eléctrica y petrolera, bajo la consigna de sustituir el tratado trilateral por ventajosos acuerdos bilaterales individuales.
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