Responde Shakira a supuesto segundo caso de fraude Fiscal

Responde Shakira a supuesto segundo caso de fraude Fiscal

Luego de que en las últimas horas se manejara que la famosos cantante colombiana enfrenta un segundo caso de de fraude fiscal en Barcelona, Shakira manifestó en un comunicado que se enteró de la querella a través de los medios de comunicación y aseguró haber actuado legalmente en todo momento, siguiendo el consejo de expertos fiscalistas.

La cantante denunció la “presión mediática y reputacional” que ha enfrentado, y mencionó que desde su mudanza a Miami, en Estados Unidos, junto a sus dos hijos tras su separación de Piqué, no ha recibido ninguna notificación oficial.

La ley requiere que la querella sea entregada personalmente en su nuevo domicilio, pero Shakira se mostró confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales. En el comunicado asegura que en este momento, su principal enfoque está en continuar con su carrera artística.

Lo anterior al darse a conocer que un juzgado en Esplugues de Llobregat, Barcelona, abrió una segunda causa contra la colombiana, luego de una querella presentada por la Fiscalía. Esta nueva acusación se refiere al presunto fraude a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio durante el ejercicio fiscal de 2018, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Es importante destacar que esta causa es independiente del juicio previsto para iniciar el próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona. En dicho juicio, Shakira enfrentará acusaciones de defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, donde se solicitan 8 años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros por seis delitos de fraude fiscal, tras rechazar un acuerdo.

En el año 2018, Shakira estableció su residencia en España debido a su relación con el exfutbolista Gerard Piqué. Durante la liquidación de impuestos de dicho año, la Agencia Tributaria detectó otras irregularidades y remitió el caso a la Fiscalía, al estimar que la suma defraudada supera la cuota de 120.000 euros, lo que constituye un delito fiscal.

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