Por Bernardo Arista, delegado del CEN del PRI en Hidalgo, demandó esclarecer el destino de los recursos públicos y sancionar las posibles irregularidades en contratos del INE.
El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, Bernardo Arista, exigió que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no signifique el cierre de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores y el manejo de recursos públicos.
“¿Taddei se va del INE? ¿Y nuestro dinero?”, cuestionó el representante priista, quien sostuvo que la separación del cargo no debe impedir que se esclarezca el destino de los recursos de los mexicanos ni que se determinen posibles responsabilidades administrativas o penales.
“Que se investigue, se aclare y, si hay responsabilidades, se sancione. ¡Renunciar no sustituye rendir cuentas!”, expresó Arista al fijar su posicionamiento sobre la salida de la consejera presidenta del organismo electoral.
El delegado del PRI también cuestionó lo que consideró una práctica recurrente en administraciones vinculadas con Morena, en las que, según afirmó, las renuncias de funcionarios han sustituido a los procedimientos para establecer responsabilidades.
“En Morena, la renuncia parece haberse convertido en el sustituto de la justicia”, señaló.
Como ejemplos, mencionó los cambios en la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro después del colapso de la Línea 12, así como la salida del exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quien posteriormente recibió otro cargo público.
También hizo referencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al incluirlo entre los casos que, desde su perspectiva, requieren esclarecimiento frente a los señalamientos públicos.
En el caso del INE, Arista sostuvo que las acusaciones por presuntas irregularidades en contratos públicos deben investigarse independientemente de que Taddei haya dejado la presidencia del organismo.
La exconsejera formalizó su renuncia el lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, en medio de investigaciones sobre posibles conflictos de interés e irregularidades administrativas relacionadas con proveedores del instituto.
En su posicionamiento, el dirigente priista insistió en que las autoridades competentes deben determinar si existieron daños al erario, identificar a los posibles responsables y aplicar las sanciones correspondientes cuando se acrediten conductas ilícitas.
“México merece investigaciones, responsables y sanciones cuando se acrediten delitos”, manifestó.
Finalmente, Bernardo Arista afirmó que abandonar una responsabilidad pública no debe representar el fin de los procedimientos de fiscalización ni de las obligaciones legales de quienes administraron recursos del Estado.
“Porque dejar el cargo no debería ser suficiente para dejar atrás las responsabilidades”, concluyó.
