Por La formalización de los procesos de entrega-recepción permitirá al municipio asumir legalmente servicios públicos.
El gobierno municipal de Mineral de la Reforma informó que avanza en la regularización del proceso de entrega-recepción de seis fraccionamientos que acumulaban rezagos administrativos de hasta dos décadas, situación que limitaba la intervención legal del ayuntamiento en materia de servicios e infraestructura.
De acuerdo con la administración encabezada por el presidente municipal Eduardo Medécigo Rubio, la regularización permitirá al municipio asumir formalmente responsabilidades relacionadas con alumbrado público, recolección de basura, mantenimiento urbano, seguridad y atención de áreas comunes.
El ayuntamiento explicó que, mientras un fraccionamiento no ha sido entregado formalmente al municipio, existen restricciones legales para destinar recursos públicos a obras o servicios dentro de esos desarrollos. Con la conclusión de estos procedimientos, será posible asignar presupuesto para rehabilitar áreas verdes, vialidades y espacios públicos, además de operar los servicios básicos de manera directa.
La autoridad municipal señaló que el rezago administrativo también generó inconformidad entre habitantes de distintos fraccionamientos, debido a que algunos propietarios se resistían al pago del impuesto predial al considerar que no recibían servicios municipales suficientes.
Con la regularización, el gobierno municipal prevé también actualizar el padrón catastral y fortalecer la recaudación por concepto de predial y derechos, al tiempo que se amplía la capacidad del ayuntamiento para atender las necesidades de las colonias incorporadas formalmente.
Medécigo Rubio indicó que, de manera paralela, se han reforzado las medidas de planeación y supervisión del crecimiento inmobiliario, con el objetivo de que los nuevos desarrollos cumplan con reglas más estrictas y evitar que se repitan rezagos similares.
La administración municipal sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia de ordenamiento territorial orientada a dar certeza jurídica a las familias y garantizar que los desarrollos habitacionales puedan recibir servicios públicos bajo responsabilidad directa del municipio.
