Por “Inevitables ajustes”, a la iniciativa presidencial
Alberto Skewes/ Osvaldo Aréchiga
La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido alertas entre juristas y especialistas en derechos humanos, quienes advierten que varias de sus disposiciones podrían entrar en conflicto con compromisos internacionales asumidos por México, en particular con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
De acuerdo con análisis preliminares, los puntos más sensibles de la propuesta son la restricción a la suspensión provisional de actos reclamados, el endurecimiento de los criterios para acreditar el interés legítimo en los juicios de amparo y la posible eliminación de sanciones efectivas por incumplimiento de sentencias.
El artículo 25 del Pacto de San José, que reconoce el derecho a un recurso sencillo y rápido para proteger derechos fundamentales, se perfila como el principal afectado si la reforma limita el alcance de las suspensiones. “Un amparo sin medidas cautelares oportunas se vuelve ineficaz, y la Convención es clara: los Estados deben garantizar remedios judiciales efectivos”, señalaron especialistas consultados.
Asimismo, el artículo 8, que protege el debido proceso y las garantías judiciales, y los artículos 1.1 y 2, que obligan a los Estados a respetar los derechos y a adoptar normas internas acordes con dichos principios, podrían ser vulnerados si se restringe el acceso al juicio de amparo para colectivos o se debilitan los mecanismos de ejecución de las resoluciones.
La Constitución mexicana, en su artículo 1°, establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del llamado “bloque de constitucionalidad” y deben aplicarse bajo el principio pro persona, es decir, favoreciendo siempre la interpretación más amplia en beneficio de las personas.
Organizaciones de la sociedad civil ya han advertido que, de aprobarse sin cambios, la reforma podría ser objeto de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e, incluso, de quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Inevitable, que tenga ajustes la iniciativa de reforma
Durante el segundo bloque del primer día de las Audiencias Públicas sobre la Ley de Amparo, especialistas en derecho expresaron comentarios sobre la iniciativa enviada al Senado de la República por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con Javier Corral, jurista y senador de Morena , la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo plantea que una autoridad pueda excusarse en el cumplimiento de una sentencia si alega “imposibilidad material o jurídica”.
La modificación abre un riesgo serio: el cumplimiento del amparo dejaría de ser una obligación plena y pasaría a depender de la apreciación de la propia autoridad responsable.
“Esto debilita la fuerza del amparo como medio de control constitucional, pues cualquier sentencia podría quedar sin ejecución si la autoridad alega falta de recursos, obstáculos administrativos o trabas legales”.
De ser así, el amparo perdería su razón de ser: proteger a las personas frente a abusos de autoridad. Es claro, las sentencias de amparo deben cumplirse, no litigarse.
En su oportunidad, el especialista en Derechos Humanos, Santiago Aguirre Espinosa, dijo que la propuesta pretende que sólo exista interés legítimo cuando la persona quejosa reciba una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas. “Lo que la iniciativa genera es que se diluya el entendimiento del interés legítimo, pues lo acerca demasiado al interés jurídico”, señaló.
