El paquete enviado al Congreso de Hidalgo incluye nuevas leyes de transparencia y protección de datos, además de reformas para simplificar y digitalizar trámites estatales.
El gobernador Julio Menchaca Salazar envió al Congreso del Estado un paquete de iniciativas para modificar el marco jurídico de Hidalgo en materia de transparencia, protección de datos personales, control interno, simplificación administrativa y transformación digital.
La propuesta de Ley de Transparencia y Acceso a la Información contempla crear “Transparencia para el Pueblo de Hidalgo”, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Contraloría, tras la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH).
También plantea integrar el Subsistema de Transparencia del Estado de Hidalgo como parte del Sistema Nacional, con la participación de los órganos de control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y municipios.
La iniciativa propone pasar de la publicación de información por cumplimiento a un modelo de transparencia con utilidad social, orientado a facilitar el acceso de la población a trámites, servicios y datos de interés público. Asimismo, plantea sustituir el concepto de Gobierno Abierto por el de Apertura Institucional, con énfasis en la digitalización, los datos abiertos, la participación social y el diseño de servicios centrados en las personas.
El segundo componente consiste en expedir una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Bajo este esquema, la Secretaría de Contraloría asumiría las funciones de autoridad garante dentro de su ámbito de competencia.
Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos constitucionales y legalmente autónomos, contarían con sus propias autoridades responsables en materia de protección de datos personales.
El paquete también incorpora reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal para ampliar las atribuciones de la Contraloría en control interno, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Las modificaciones buscan además fortalecer la participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión pública, con mecanismos que permitan conocer, revisar y dar seguimiento a la actuación de las instituciones.
En materia de simplificación administrativa y digitalización, el proyecto plantea robustecer las facultades de la Unidad de Planeación y Prospectiva en humanidades, ciencia y transformación digital.
La dependencia tendría a su cargo la coordinación, supervisión y seguimiento de las acciones derivadas de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el objetivo de simplificar procesos y avanzar en la digitalización de los servicios gubernamentales.
Finalmente, la iniciativa pretende reforzar el Laboratorio de Políticas Públicas del Estado como un espacio de análisis de datos y evaluación de alternativas para la toma de decisiones. De acuerdo con el planteamiento enviado al Congreso, su aplicación no generaría gastos adicionales al presupuesto anual.


