Por El registro busca fortalecer la capacidad del Estado para la protección de los derechos de la niñez.
La diputada de Morena, Hilda Miranda Miranda, junto con otros legisladores, presentó ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa para crear el Registro Estatal de Abuso y Negligencia Infantil (REANI), mediante reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo.
La propuesta plantea adicionar una fracción XXVIII al artículo 4 e incorporar un capítulo al título séptimo de la legislación estatal, con el objetivo de establecer un instrumento administrativo, interinstitucional y sistemático que permita documentar, concentrar, analizar y dar seguimiento a casos de abuso, negligencia, maltrato y otras formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora señaló que el registro busca fortalecer la capacidad del Estado para la protección de los derechos de la niñez, mediante la generación de información confiable, actualizada y articulada entre las distintas autoridades involucradas en la atención de estos casos.
Indicó que la propuesta contempla la creación de un sistema estatal de información con enfoque de derechos humanos, orientado a mejorar la toma de decisiones, la coordinación institucional y la atención oportuna en situaciones de riesgo.
La diputada por el distrito de Mineral de la Reforma afirmó que actualmente existe un vacío normativo en la legislación estatal, debido a que no se cuenta con un mecanismo integral que concentre la información generada por las instancias encargadas de prevenir, atender y sancionar la violencia infantil.
De acuerdo con la iniciativa, el Registro Estatal de Abuso y Negligencia Infantil permitiría dar seguimiento a los casos desde su detección hasta su resolución, evitar la pérdida de información, reducir la revictimización y fortalecer la coordinación entre instituciones.
Asimismo, se plantea que el sistema facilite la identificación de patrones estructurales de violencia, la generación de insumos técnicos para el diseño de políticas públicas y una mayor eficiencia institucional en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
