Por Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, destacó indicadores de seguridad y más de 2 mil 200 acercamientos regionales, mientras que durante 2026 se han registrado bloqueos carreteros, retenciones de autoridades, enfrentamientos, vehículos oficiales incendiados y disputas en distintos ayuntamientos.
El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, presentó ante el Congreso del Estado los resultados de la política interior de la administración de Julio Menchaca Salazar, con indicadores de paz y seguridad, pese a los conflictos políticos y sociales registrados durante 2026 en distintos municipios de la entidad.
Durante su comparecencia de este lunes 12 de octubre, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el funcionario informó que Hidalgo ocupa el noveno lugar nacional en el Índice de Paz México 2026 -cuatro posiciones abajo desde el inicio de este sexenio– y el octavo en percepción de seguridad.
También reportó una reducción de 36.2 por ciento en homicidios dolosos y de 33 por ciento en delitos de alto impacto, así como más de 2 mil 200 acercamientos regionales para prevenir conflictos sociales y políticos.
Olivares Reyna sostuvo que la administración estatal “privilegia la prevención y el acercamiento con la población para atender las inconformidades antes de que se conviertan en crisis”.
Sin embargo, los indicadores expuestos contrastan con una sucesión de conflictos municipales documentados por CentralMX Noticias, relacionados con disputas políticas, obra pública, servicios básicos, inconformidades comunitarias y enfrentamientos con autoridades.
Recuento de conflictos municipales durante 2026
Desde los primeros meses del año, CentralMX dio cuenta de diferencias entre integrantes de ayuntamientos y movilizaciones ciudadanas que, en determinados casos, derivaron en bloqueos, retenciones y actos de violencia.
San Salvador registró inconformidades desde marzo, cuando representantes de al menos 22 comunidades anunciaron posibles bloqueos carreteros ante lo que consideraron falta de atención de las autoridades municipales.
Los cierres fueron previstos en Valle de Xuchitlán, Lagunilla, Caxuxi y San Antonio Zaragoza.
Durante junio y julio también fueron señalados conflictos políticos y administrativos en Apan, Pisaflores y Cuautepec de Hinojosa, relacionados con diferencias entre autoridades municipales y miembros de sus cabildos.
En Apan se documentaron las confrontaciones políticas de la administración encabezada por Zorayda Robles Barrera; en Pisaflores, controversias sobre el funcionamiento del gobierno municipal, y en Cuautepec, diferencias entre el alcalde Jorge Hernández Araus y un regidor por asuntos financieros.
Otros municipios mencionados en el seguimiento editorial de CentralMX fueron Tula, Tepeji del Río, Atlapexco, Nicolás Flores y Francisco I. Madero, aunque los episodios corresponden a controversias distintas y no necesariamente a movilizaciones violentas. 
En Molango, la presidenta municipal Isabel Ramírez Mercado denunció públicamente amenazas contra su integridad y la de su familia, y responsabilizó a una persona identificada como Gerardo Espadas en caso de sufrir alguna agresión.
La denuncia quedó sujeta a las investigaciones de las autoridades correspondientes.
La situación alcanzó uno de sus momentos de mayor tensión durante agosto, cuando sucedieron al menos ocho conflictos municipales relevantes en Nopala de Villagrán, Cardonal, San Salvador, Ixmiquilpan, Tizayuca, Epazoyucan y Tasquillo.
Nopala de Villagrán. El 15 de agosto, una protesta de habitantes inconformes con un proyecto carretero terminó con una patrulla de Seguridad Pública Municipal incendiada.
Cardonal. Las diferencias entre la alcaldesa Karla Monserrat Hernández Cerroblanco y regidores por contratos y ejecución de obras llegaron al Congreso del Estado.
Habitantes de distintas comunidades acudieron al Poder Legislativo para reclamar retrasos en proyectos de infraestructura, mientras el Tribunal Electoral ordenó la entrega de información solicitada por integrantes del Ayuntamiento.
San Salvador. El 18 de agosto, habitantes de La Flor irrumpieron en la Presidencia Municipal, agredieron y retuvieron al alcalde Norberto Martínez Cruz, junto con otros servidores públicos, durante una protesta por incumplimientos de obra pública.
El operativo para liberarlos dejó 10 policías estatales lesionados y siete habitantes detenidos, quienes posteriormente fueron vinculados a proceso.
Las detenciones provocaron bloqueos carreteros en el Valle del Mezquital.
Ixmiquilpan. El municipio registró dos conflictos durante agosto. El primero, el día 11, cuando habitantes de Julián Villagrán se manifestaron en la carretera Actopan-Ixmiquilpan para exigir la liberación de dos vecinos detenidos después de una disputa agraria con pobladores de Pueblo Nuevo.
El segundo ocurrió el 19 de agosto, cuando un conflicto por el suministro de agua entre El Nandho y Orizabita derivó en la retención de agentes y el incendio de cuatro vehículos oficiales, dos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y dos del Ayuntamiento.
La propia Procuraduría reconoció deficiencias en la actuación ministerial y separó de su cargo al agente responsable de la diligencia.
Tizayuca. Habitantes del fraccionamiento Los Héroes se opusieron al derribo de una barda para habilitar una conexión vial con Ciudad Natura.
La inconformidad derivó en un enfrentamiento con elementos policiales y seis personas detenidas.
Epazoyucan. El 28 de agosto, pobladores bloquearon durante varias horas la carretera Pachuca-Tepeapulco para exigir soluciones al desabasto de agua potable y el cumplimiento de obras pendientes.
Tasquillo. El 29 de agosto, habitantes de El Durazno tomaron la Presidencia Municipal para reclamar al alcalde Alberto Basilio González el incumplimiento de compromisos de obra pública.
Los manifestantes advirtieron que podrían bloquear la carretera México-Laredo.
El saldo de los principales conflictos de agosto incluyó un alcalde golpeado y retenido, otros 14 servidores públicos privados de la libertad, 10 policías estatales lesionados, al menos 13 personas detenidas en distintos episodios, cinco vehículos oficiales incendiados, bloqueos carreteros y una presidencia municipal tomada. 
Tras esos acontecimientos, el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció que en algunos municipios las mesas de negociación habían sido rebasadas, aunque descartó que Hidalgo enfrentara un escenario generalizado de ingobernabilidad.
El mandatario sostuvo que el diálogo debía mantenerse como mecanismo para resolver diferencias, pero advirtió que las protestas no justificaban agresiones ni daños al patrimonio público. 
Atribuye protestas del IMSS a conflicto sindical.
Durante su intervención, Olivares Reyna también abordó las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizadas el viernes y sábado en Pachuca, que ocasionaron bloqueos viales.
El secretario explicó que los manifestantes exigieron mejoras salariales y denunciaron falta de medicamentos, insumos y condiciones adecuadas en las unidades hospitalarias.
Señaló que, durante las negociaciones, los trabajadores se comprometieron a retirar los bloqueos a cambio de realizar recorridos por las instalaciones médicas para verificar las deficiencias denunciadas.
No obstante, sostuvo que el origen de las protestas es un conflicto sindical y no las carencias hospitalarias expuestas por los trabajadores.
El funcionario también justificó la intervención de la fuerza pública para liberar las vialidades, bajo el argumento de que los bloqueos afectaban las vías de comunicación y el orden público. 
La Secretaría de Gobierno había acordado dar seguimiento a las demandas mediante visitas a las unidades médicas para revisar el abasto de medicamentos, el equipamiento y las condiciones laborales.
Durante la comparecencia, el diputado Marco Antonio Mendoza cuestionó al secretario sobre quién autorizó la intervención policial, si hubo diálogo previo y cuál fue el fundamento jurídico del operativo.
También preguntó si se abrió una investigación interna por lo ocurrido. 
Reporta incremento presupuestal para atención a mujeres.
En materia de atención a las mujeres, Olivares Reyna informó que el presupuesto destinado a estas acciones aumentó 156 por ciento y superó los mil 358 millones de pesos.
De acuerdo con las cifras presentadas, más de 147 mil mujeres han recibido atención especializada mediante los programas y servicios correspondientes.
El secretario también reportó 230 mil apoyos, 150 mil servicios jurídicos y 130 mil atenciones psicológicas, que forman parte de más de 625 mil servicios prestados en el estado. 
Persisten cuestionamientos sobre la gobernabilidad municipal
El recuento de Central MX muestra que las inconformidades registradas durante 2026 tuvieron distintos orígenes: disputas entre alcaldes y regidores, incumplimientos de obra pública, conflictos agrarios, desabasto de agua, diferencias comunitarias y reclamos por la actuación de las autoridades.
Aunque la Secretaría de Gobierno informó de los acercamientos regionales y mecanismos de prevención, las cifras expuestas no permiten establecer cuántos de los conflictos documentados fueron resueltos definitivamente, cuántos permanecen activos y cuáles requirieron nuevas intervenciones.
