El dirigente estatal del PRI acusó que existen documentos presuntamente apócrifos relacionados con demandas laborales heredadas de la dirigencia del hoy funcionario federal.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, anunció que presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables de presuntamente utilizar documentación falsa para obtener beneficios derivados de laudos laborales que mantienen embargadas las prerrogativas del instituto político.
Luego de que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aprobó un nuevo embargo a las prerrogativas del partido en cumplimiento de una resolución judicial, Mendoza Bustamante afirmó que esta situación “no es la primera ni será la última”, al señalar que su dirigencia heredó más de 40 millones de pesos en laudos laborales correspondientes a la administración encabezada por el exdirigente estatal Julio Valera Piedras.
En entrevista con medios de comunicación, el dirigente priista aseguró que durante esa etapa se incurrió en conductas “no sólo irregulares, sino ilícitas”, al afirmar que existen documentos firmados por una exsecretaria de Finanzas en los que se hace constar que algunos trabajadores percibían salarios de hasta 45 mil pesos mensuales, cifra que, dijo, no corresponde con la realidad y que habría servido para incrementar el monto de las indemnizaciones reclamadas.

Mendoza Bustamante sostuvo que el embargo de las prerrogativas es improcedente, al argumentar que se trata de recursos públicos federales etiquetados para fines específicos, por lo que consideró que no deberían destinarse al pago de laudos laborales.
Explicó que el PRI promovió un juicio de amparo para proteger el pago de salarios del personal del Comité Directivo Estatal, así como los recursos destinados a actividades específicas para mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y otros programas obligatorios del partido.
Asimismo, consideró que las resoluciones judiciales forman parte de un intento por debilitar políticamente al PRI, al asegurar que, de acuerdo con diversas encuestas, el partido registra un crecimiento sostenido en las preferencias electorales tanto en Hidalgo como a nivel nacional.
En ese contexto, respaldó los señalamientos realizados por el representante del PRI ante el IEEH, Federico Hernández Barros, quien atribuyó el origen de los conflictos laborales a la dirigencia de Julio Valera Piedras.
Finalmente, Marco Mendoza informó que además de los amparos, el PRI emprenderá acciones penales contra quienes, afirmó, se han beneficiado de resoluciones laborales sustentadas en documentos presuntamente apócrifos. Recordó que algunos acreedores han buscado el embargo de bienes del partido, cuentas de comités estatales en otras entidades y, recientemente, de las prerrogativas que recibe el PRI en Hidalgo.


