Por -El acceso será regulado para familiares, representantes legales, organismos de derechos humanos y autoridades consulares.
Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en México, la diputada federal, Mirna Rubio Sánchez, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Migración, con la cual se creará el Registro Nacional de Personas Migrantes Detenidas y su Sistema de Consulta.
Esta iniciativa responde al mandato del artículo octavo transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en abril de 2019, el cual estableció que el Congreso de la Unión debía reformar la Ley de Migración en un plazo máximo de 180 días para garantizar que toda detención de personas migrantes fuera registrada conforme a los principios de legalidad, acceso a la información y protección de derechos humanos.
Sin embargo, este mandato no se ha cumplido, lo que ha permitido que miles de personas migrantes sean detenidas sin que sus datos sean ingresados a un sistema nacional, centralizado y verificable.
La propuesta legislativa reorganiza el Título Quinto de la Ley de Migración, transformando el actual Capítulo Único en Capítulo Primero y adicionando un Capítulo Segundo, que contempla los artículos 76 Bis al 76 Nonies.
Este nuevo marco normativo establece la creación de un registro obligatorio y centralizado de personas migrantes detenidas, a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), así como un Sistema de Consulta con acceso regulado para familiares, representantes legales, organismos de derechos humanos y autoridades consulares, bajo lineamientos de la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, se propone reformar el artículo 99 de la Ley de Migración para que toda persona extranjera presentada ante la autoridad migratoria sea inscrita en el Registro Nacional de Personas Migrantes Detenidas, garantizando así control, seguimiento y rendición de cuentas en cada detención migratoria.
“El establecimiento de este registro nacional no es una propuesta nueva, es el cumplimiento de una obligación incumplida desde hace más de cuatro años. Se trata de una medida urgente para proteger a las personas migrantes privadas de la libertad en nuestro país”, destacó Mirna Rubio.
Asimismo, recalcó que “la falta de esta herramienta ha generado un vacío normativo que vulnera los derechos fundamentales de quienes se encuentran en situación de detención migratoria”.
